Políticas públicas

Políticas punitivas y Estado Social de Derecho ¿Tolerancia cero?

El giro punitivo adoptado por el modelo del Neoliberalismo (fenómeno político y económico protagonista de las últimas décadas del siglo XX) implantado en las sociedades latinoamericanas, sirve como marco para el estudio de la consolidación de un nuevo gobierno de inseguridad social orientado a modificar los desajustes sociales provocados por la desregularización de la crisis económica, cuyo objetivo va encaminado a amoldar a las masas, a las poblaciones y a los territorios rebeldes dentro del orden de la nación. Este giro punitivo se ve traducido en políticas represivas que castigan en su mayoría a los sectores marginados de la población propiciando la desigualdad y la exclusión social en los contextos latinoamericano y colombiano, y fallando en la tarea de mantener el status quo como la misión del Estado. Es por ello, que mi propósito será argumentar que la normalización del sistema penal de excepción, destinado a investigar, perseguir, y juzgar a quienes los gobiernos castigan, junto con una opinión pública sensibilizada, y junto con el conservadurismo y el ascenso del neoliberalismo en las esferas política, jurídica, y económica colombiana en las últimas tres décadas, han creado en su conjunto un sentido común en materia penal que incentiva el incremento del Estado penal y la reducción del Estado social (Iturralde, 2010).

1) LOS SISTEMAS PENALES LATINOAMERICANOS

En Latinoamérica se está dando el fenómeno creciente de la adopción de un Derecho Penal carente de sustrato democrático y altamente arbitrario. Se entiende al sistema penal como el conjunto de elementos (Dogmática Jurídico Penal, Política Criminal y Normatividad Penal) cuya interacción está orientada a estudiar el fenómeno del delito, crear mecanismos para su extirpación y garantizar la convivencia pacífica dentro de la sociedad. (Botero, 2003). Este aparato penal es un órgano central del Estado que expresa la soberanía de este y que sirve de instrumento para imponer categorías, mantener divisiones materiales y simbólicas, y para moldear relaciones y comportamientos mediante la penetración selectiva del espacio físico y social (status quo). (Iturralde, 2013, p. 21)

Estos sistemas se caracterizan por la participación directa de funcionarios que se evalúan por la eficiencia y no por la calidad, por el castigo a personas por delitos menores, por la falta de selectividad con las condenas a aquellas personas que verdaderamente sí ponen en peligro a la sociedad, por la violación de derechos humanos, por la despreocupación por el interés de la ciudadanía, por la corrupción en los ministerios públicos, y por la fala de garantías en los procesos penales, entre otras.

Fijémonos, pues, en que los sistemas penales latinoamericanos castigan ante todo los delitos de bagatela (de poca importancia y valor), cometidos por los llamados “delincuentes comunes” pertenecientes a las clases marginales, mientras que los gobiernos se han mostrado incapaces de luchar contra la impunidad ante hechos perpetrados por agentes estatales o miembros de las élites, cuyos crímenes tienen efectos sociales mucho más negativos que aquellos cometidos por la delincuencia común con una política de tolerancia cero (Iturralde y Ariza, 2012, p. 20), que consiste en políticas basadas en una fuerte respuesta coercitiva policial, promocionada mercantilmente por consultores estadounidenses en los países latinoamericanos. (Llobet, 2011)

Añádase a esto que América Latina también presenta un aspecto que de manera similar a EEUU ha caracterizado el giro punitivo de las últimas décadas. Se trata del aumento significativo de los índices de criminalidad que han hecho de las tasas de encarcelamiento y del delito un hecho social normal (Garland, 2001, pp-90-93). A pesar de estas similitudes con Estados Unidos, las naciones latinas se diferencian en que el grado de desigualdad y exclusión son sustancialmente más altas, pues son problemas extremos, de alta duración, y que se relacionan de manera estrecha con los altos niveles de desorden social y de violencia. (Portes y Hoffman, 2003, p. 68) Este giro punitivo revela un régimen de gestión de la pobreza que une la mano del mercado con el puño de hierro del aparato punitivo estatal, que se expande en el cuerpo social de forma activa e intrusiva.

Como ya sabemos con el discurso punitivo corriente, existe una forma prominente para que se castiguen a los pobres. El Estado se concentra en este tipo de delitos menores al ejercer políticas sociales que cambian con la concepción del Estado: de un Estado Social de Derecho con políticas de un estado de bienestar en cierta medida paternalista, a un Estado neoliberal más distanciado de la economía y de su papel primordial, a través de la propia regulación del mercado y de los individuos.

Para entender el Estado de Bienestar es necesario trascender de su concepto clásico el cual se postula definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial bajo el ideal de: “suavizar las desigualdades sociales, redistribución de la renta, seguridad social, subvenciones estatales” (S.N, 2006) a un concepto que sea “más consciente del condicionamiento social de la libertad de acción del hombre y del destino humano. En cierto modo parece entonces como si todo lo que afecta al individuo estuviera condicionado socialmente y, en tanto que destino inmerecido, hubiera de ser compensando, incluso aquello que debe a su propia acción” (Luhmann, 1997) Asimismo plantea que “[e]l Estado Social de Derecho es intervencionista y considera que es responsabilidad suya conseguir una situación de pleno empleo y un sistema de seguridad social que cubra a toda la población”.

Ahora bien, el Estado Neoliberal “se ha caracterizado por cuestiones principalmente de orden económico, aunque esto tampoco signifique una despreocupación absoluta por problemas de otra naturaleza. Sus tópicos fundamentales se pueden sintetizar en la doctrina del individualismo, defensora de la economía tradicional del laissez-faire, que asume sin discusión que los mercados son beneficiosos y los gobiernos perjudiciales, y de la deseabilidad de un Gobierno Mínimo”. Aclaro que un Estado Mínimo no hace alusión a la renuncia total de la soberanía ni de la capacidad de control social, sino a la concientización de un mercado que influye directamente en las capacidades del Estado en todo ámbito. Se sabe que el neoliberalismo es una revolución capitalista “desde arriba”, que implica la exaltación del sector penal en el campo burocrático con el fin de que el Estado pueda controlar las agitaciones sociales causadas por la extensión de la inseguridad social entre los estratos más bajos de la jerarquía étnica.

La tensión antes descrita que subsiste entre el Estado

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