¿Por Qué Se Ha Acrecentado La Violencia En Colombia?

¿Por Qué Se Ha Acrecentado La Violencia En Colombia?

Enero fue un mes especialmente violento en Colombia. Atentados contra estaciones de policía, bases militares y a la población civil, Además, asesinatos e intimidaciones contra líderes y lideresas sociales en varios departamentos del país. Y en febrero, el panorama no ha sido diferente.

Para entender este panorama tenemos que concentrarnos en las tres zonas más críticas:

Primero,  Arauca y Norte de Santander, donde se presentó el hecho más grave en lo que va del 2022  la masacre de al menos 27 personas, según la Fiscalía, por parte del ELN en varios  municipios de Arauca.

La segunda zona tiene que ver con el Cauca y Nariño donde se han cometido masacres, asesinato de líderes sociales, enfrentamientos entre grupos ilegales, confinamientos y desplazamientos  forzados.  

 La tercera zona es el Urabá, que además de ser el corazón del grupo sucesor del paramilitarismo  Clan del Golfo, es un corredor estratégico en la disputa para el narcotráfico y otras  rentas ilegales, de las que también se lucra el ELN.  

Pero, vamos zona por zona. El 7 de febrero de 2022 hubo un ataque a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta; no es la primera vez que ocurre un hecho como este, ya que en junio de 2021 esta misma base militar  fue atacada por disidencias de las Farc, dejando 23 personas heridas. Esta zona reúne varias problemáticas como la ausencia estatal, la nula relación con  el gobierno venezolano para coordinar planes de seguridad y la presencia de grupos armados,  como las disidencias de las Farc, el ELN y hasta bandas criminales venezolanas como el  Tren de Aragua.

Este extenso paso fronterizo es apetecido por grupos armados ilegales, no solo por ser  una ruta de narcotráfico, si no, por el contrabando de medicamentos, gasolina, comida e, incluso,  redes de trata de personas. Un escenario que se agravó después del cierre de la frontera en el 2015.  Según Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para  la Paz, la violencia se agudizó en esta zona desde 2018^[1].

En Arauca el panorama es un poco más complejo.  Desde que las Farc dejaron las armas, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el ELN aprovechó  para ocupar ese vacío que dejó la extinta guerrilla.  Sin embargo, con el surgimiento de las disidencias de la Farc, entre 2017 y 2019, empezaron a cambiar las reglas juego pues estos grupos también querían tener su tajada dentro de  las economías ilícitas.

Al romperse ese pacto de no agresión, hechos como masacres, atentados a bases militares,  un carro bomba y homicidios han hecho que la zona se encuentre en una crisis humanitaria,  que por ahora deja alrededor de 2.300 desplazados y más de 60 personas asesinadas^[2]. Incluso, Mantilla asegura que estos grupos se han convertido en proveedores de bienes  públicos, como seguridad, justicia, reguladores de la vida social y económica^[3].  

Un panorama similar vive otra región fronteriza y que también ha sufrido el abandono del  Estado colombiano durante décadas: Cauca y Nariño.  Uno de los hechos más recientes de violencia que ocurrió en el Cauca fue el pasado 6 de  febrero, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado en el municipio de Padilla. La carga fue activada frente a la estación de Policía de este municipio por hombres que, según las autoridades, pertenecen a la estructura Dagoberto Ramos, de la disidencia de las Farc.  Esta zona del país se ha caracterizado, no solo por la presencia de grupos armados como  las disidencias de las Farc y el ELN, sino por el abandono estatal, corrupción, problemas  por la posesión de la tierra y marginalidades históricas, lo cual se ve reflejado en el  panorama actual^[4].  

Cauca y Nariño funcionan como un corredor estratégico de economías ilegales, además,  hacen parte de los cuatro departamentos con más cultivos de coca en el país, por debajo  de Norte de Santander, según Naciones Unidas. También, la frontera entre Cauca y Nariño y el corredor que sale al Pacífico son los  territorios de disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Carlos Corredor, magíster en Estudios sobre Problemas Políticos Latinoamericanos, Doctor  en Antropología y profesor de la Universidad del Cauca, considera que otro de los factores de la agudización de la violencia en esta zona se debe principalmente a la capacidad  que tienen las comunidades para organizarse y hacer frente a los grupos armados ilegales  y las violencias que viven a diario.

Uno de los hechos más recientes que muestra el recrudecimiento de la guerra en esta zona  del país, ocurrió el 14 de enero de 2022, cuando fue asesinado en Buenos Aires, Cauca,  Breiner David Cucuñame, un menor de 14 años que se preparaba para integrar la Guardia  Indígena y lideraba causas ambientalistas. Según las autoridades, la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc estuvo detrás  del crimen del joven indígena.  Corredor considera que, además, hay un sistema incrustado en varios niveles del Estado colombiano  con intereses en las economías ilícitas y que, por ende, el envío de más tropas  al Cauca no es suficiente para combatir el narcotráfico.  

La organización de las comunidades y la ineficacia de las políticas estatales frente a las economías  ilícitas hacen que el panorama de violencia en Cauca^[5] haya dejado, en lo que va de 2022,  dos masacres y cinco líderes sociales asesinados y en Nariño más de 500 personas desplazadas  y alrededor de 18.000 ciudadanos confinados.  

Y la tercera zona del país que más sufre desplazamientos y confinamientos por las disputas  de los grupos criminales es la del Urabá.  Al ser otra zona estratégica para las economías ilícitas, como el narcotráfico, son varios grupos los interesados en disputarle el control territorial con el Clan del Golfo, quien ha  predominado en la zona durante la última década.  Además, hay otros grupos ilegales que desde hace años tienen en medio de una crisis humanitaria  a las comunidades por los constantes enfrentamientos con el grupo armado al mando de alias “Otoniel”,  quien fue capturado en octubre de 2021 y quien era hasta entonces el hombre más buscado  por el Estado colombiano.  Andrés García Sánchez, profesor y parte del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, asegura que la captura de alias “Otoniel” en vez de dar tranquilidad  a las comunidades, generó un ambiente de incertidumbre.  En esta región, que conecta el Chocó con el Caribe colombiano, ha sido usada durante décadas por los grupos armados para el paso de algunos eslabones de la cadena del narcotráfico, entrada y salida de armas y, en los últimos años, ha sido un paso clave para migrantes, una situación que, desde finales de 2021, desató una crisis humanitaria en algunos  municipios del Urabá.  Además, García asegura que esta zona también tiene como telón de fondo disputas que involucran  intereses económicos relacionados con grandes proyectos agroindustriales y de infraestructura.

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