Porque existen autoridades corruptas en el Perú

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Letras y Ciencias Humanas

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Autoridades corruptas en el Perú, ¿Por qué existen?

Ricardo Zuñiga Villena

Lenguaje y Comunicación

Regina Terry Saenz

23 de junio de 2022

Autoridades corruptas en el Perú, ¿Por qué existen?

La corrupción es un fenómeno muy arraigado en países en vías de desarrollo como el Perú, se trata de una práctica generalizada al que una gran parte de la población ha tomado como parte de su cultura. Para este caso en particular, trataré de explicar porque las autoridades peruanas, quienes son los llamados a dirigir el desarrollo de sus gobernados y quienes en teoría deben poner siempre por delante el bien común antes que el personal, cometen actos corruptos en nuestro país. En ese sentido, he considerado tres causas principales por las que existen funcionarios corruptos en el Perú, estas son las débiles sanciones que reciben las autoridades condenadas, un sistema judicial podrido que los blinda cuando lo necesitan y la inexistente memoria ciudadana con sus malas autoridades.

Para empezar, considero que una de las causas por la que existen autoridades corruptas en el Perú se debe a las débiles sanciones que reciben los funcionarios hallados culpables. Estas débiles sanciones se ven reflejadas en, por ejemplo, los delitos de peculado y colusión. Según el Código Penal (1991), el primero tiene penas privativas de la libertad entre cuatro y ocho años mientras que el segundo entre tres y seis años de prisión. Aunque, si bien es cierto existen penas privativas más largas (entre 15 a 20 años) están determinadas a situaciones muy poco probables como que «el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria» o que se aproveche en desviar fondos «destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social o de desarrollo». Aun así, esto puede llevar a afirmar que muchas de estas malas autoridades aprovechan estas blandas sanciones para perpetrar sus delitos, pues finalmente el beneficio (en este caso, enriquecerse a sí mismos o a un tercero) es mucho mayor que el costo (a lo sumo, unos cuantos años de cárcel que puede llegar a reducirse aún más mediante argucias legales). Para dimensionar correctamente esta última afirmación, se puede observar la figura N°1 donde, entre 4225 casos de corrupción registrados hasta el 2018, destacan tanto el peculado como la colusión con 1928 y 1455 casos respectivamente.

Figura 1

Cantidad de Procesos de acuerdo al Tipo de Delito

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Nota. Reproducido de La corrupción en los Gobiernos regionales y locales (p. 12), por Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC), 2018. (https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCI%C3%93N-EN-GOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES.pdf)

Por lo tanto, se puede llegar a inferir que las débiles sanciones que reciben los funcionarios encontrados culpables no cumplen de manera efectiva su función correctiva lo que ocasiona que se convierta en una de las causas para la existencia de autoridades corruptas en el Perú.

Otra causa identificable por la que existen autoridades corruptas en el país es el sistema judicial podrido que blinda a los malos funcionarios cuando lo necesiten. Una muestra de este mal sistema judicial se da durante el régimen fujimorista, donde el asesor presidencial Vladimiro Montesinos se hizo prácticamente con el control absoluto del Poder Judicial a partir de 1992, según Quiroz (2013). El menciona también que en este caso los jueces de la Corte Suprema y demás juzgados conformaron una red de prevaricación y cohecho a la medida de los intereses políticos de Montesinos; además, los congresistas de esa época cotizaron su lealtad al régimen (escándalo de los Vladivideos), lo que permitía que investigaciones urgentes sobre corrupción (como, por ejemplo, el desvío de fondos públicos) o violaciones de los DDHH cometidos por Fujimori queden impunes, de igual modo este autor resalta el caso de Alberto Kouri como uno de los congresistas que pidió una cuantiosa cantidad de dinero (60.000 dólares) para formar parte del oficialismo y dar su voto para blindar al gobierno de todas las denuncias que pudiese recibir. Lamentablemente, este no es el único caso emblemático en nuestro país ya que recientemente (en 2018) se descubrió a la organización criminal Cuellos Blancos que, entre otros delitos graves, negociaba ascensos en el Estado y entorpecía las investigaciones de la fiscalía, cómo en el caso Odebrecht (Instituto de Defensa Legal [IDL], 2021). En definitiva, un sistema judicial envuelto de elementos corruptos es el caldo de cultivo perfecto para propagar la aparición de malos funcionarios, pues estos sabrán que tendrán la impunidad necesaria cuando enfrenten los cargos que se le imputen.

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