Quiborax: Conflicto en tribunal constitucional

Quiborax: Conflicto en tribunal constitucional

Introducción

Quiborax, Química Industrial de Bórax, es una empresa chilena fundada en 1986 que opera en el Salar de Surire en Arica. Produce una gama de productos de boro, como ácido bórico, granulex, fertilizantes e insecticidas, un elemento estratégico en las áreas agropecuaria, industrial y de fertilizantes. También operó en Bolivia, con yacimientos en el Salar de Uyuni a través de la empresa Non Metalic Minerals, empresa boliviana de la cual el dueño de Quiborax, Allan Foks, era propietario mayoritario.

En junio de 2004, el gobierno de Bolivia le revocó a Quiborax la concesión minera en Uyuni, lo que provocó un conflicto que duró más de una década para ser resuelto.

A continuación, se detallan los hitos de este conflicto internacional:

2001

Quiborax se asocia con Minera Río Grande Sur y crearon la compañía Non-Metallic Metals. Esta nueva sociedad operó 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni.

2004

Cuando la compañía estaba en plena operación, incluso con exportaciones del mineral a distintos mercados; Bolivia, presidido por Carlos Mesa (2003-2005), decide retirar las licencias de operación al proyecto de ulexita de Quiborax, ubicado en Potosí, mediante Decreto Supremo 27589. La ulexita es un mineral que tiene su demanda en el mercado de la industria cerámica y la del vidrio, además para fabricar fibra óptica y producir fertilizantes, entre otros usos.

2006

Tras una infructuosa negociación, Quiborax decidió demandar al estado boliviano por $66 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, para compensar sus inversiones y los perjuicios sufridos por la pérdida de la concesión.

2007

Bolivia se retiró del CIADI, durante el gobierno de Evo Morales, con la denuncia de una presunta falta de independencia e imparcialidad de esta institución porque, a su juicio, siempre falla a favor de las empresas y no de los Estados.

2008

El Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, rechazó la oferta de la compañía de concluir bilateralmente la negociación a cambio de un pago de tres millones de dólares y que la demanda de arbitraje que había iniciado en 2004 no pase al tribunal internacional del CIADI.

2011 

-Bolivia decide impugnar en sus tribunales la competencia del CIADI en el caso.

-Quiborax defiende ante la justicia altiplánica la competencia del CIADI, iniciando una nueva ofensiva legal contra Bolivia en este caso.

2012

Se espera que los tribunales bolivianos entreguen su veredicto en relación con la jurisprudencia del CIADI ante casos de similar naturaleza.

2015

15.09 CIADI dictó un fallo a favor de Quiborax donde resuelve que Bolivia indemnice a la empresa con el pago de 48,6 millones de dólares. CIADI concluyó que Bolivia había violado el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI), al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de los demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

21.09 La Procuraduría General del Estado boliviano presentó un requerimiento de anulación del laudo arbitral que el CIADI dictó en favor de la minera chilena Quiborax. Bolivia fundamentó su solicitud de anulación del fallo en tres causales: el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades; el tribunal quebrantó gravemente una norma de procedimiento; y la falta de expresión en el laudo de los motivos en que se fundaba.

23.09 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) aceptó la solicitud de anulación del Estado Plurinacional de Bolivia en contra del laudo emitido en el caso Quiborax SA y Non-Metallic Minerals SA.  Se notifica a las partes de la suspensión provisional de la ejecución del laudo. Se solicita al Presidente del Consejo Administrativo del CIADI que proceda al nombramiento del Comité ad hoc que considerará la solicitud de anulación.

2018

CIADI desestimó la anulación de la sentencia que había solicitado Bolivia. Se puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que Bolivia deberá pagar a Quiborax los US$48,6 millones que habían sido fijados, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas. También se determinó que Bolivia tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.

2021

Los expresidentes Evo Morales y Carlos Mesa se lanzaron acusaciones mutuas por el caso Quiborax, después de que el líder de Comunidad Ciudadana (Carlos Mesa) publicó un libro al respecto, Quiborax "La infancia del MAS". El líder del MAS, Evo Morales, aseveró que Mesa con su libro intenta librarse de culpa en el caso Quiborax. Actualmente el ex presidente Carlos Mesa enfrenta un proceso para juicio de responsabilidades.

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Desarrollo

De acuerdo con lo leído, ¿cuál es la raíz del conflicto entre la empresa chilena y el Estado boliviano?

La raíz del conflicto es la revocatoria de la concesión minera en Uyuni que tenía la empresa de capitales chilenos-bolivianos Quiborax, en junio de 2004, durante el gobierno del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005). Tras advertirse que la compañía no declaraba adecuadamente sus volúmenes de exportación y no pagaba sus impuestos correctamente, y atendiendo las presiones de grupos de presión de Potosí, el Gobierno de Carlos Mesa decidió dar por finalizados los contratos. El argumento de Bolivia fue que Quiborax no era inversionista el año 2001 y que el socio boliviano, cuando fue expropiado el año 2004 junto con ellos, inventaron todos los papeles para retrotraer los documentos hacia ese año. El  gerente de Administración y Finanzas de Quiborax, Allan Fosk, manifiesta que para hacer eso, tendrían que haberse coludido con los abogados, con los notarios, con el Banco Central de Chile y con auditores externos. Además afirmó, que Bolivia incurrió en actos ilegales con el único motivo de entorpecer el normal desarrollo del arbitraje internacional y evitar su responsabilidad internacional por la expropiación ilícita hacia un inversionista chileno. Añade que Bolivia, para estos efectos, no ha dudado en incriminar a personas inocentes y manipular y presionar a su propio Poder Judicial nacional.

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