Razones y objetivos del proceso de descentralización

Causas y propósitos

Al entusiasmo que despiertan las reformas, con frecuencia le siguen el pesimismo y la frustración: la reforma no resulta tan perfecta como se había soñado ni resuelve todos los problemas que se pensaban. Tal ha sido el caso de la descentralización en Colombia: el juicio de la historia es agridulce, 25 años después de la primera elección popular de alcaldes.

Foto: Daniel Maldonado

Fueron varias las razones para iniciar el proceso de descentralización:

• el enclaustramiento político del país a la salida del Frente Nacional, que no permitía opciones fuera del bipartidismo;

• la ola de paros cívicos que recorría el país, reclamando mejoras en los servicios públicos;

• la presión de los organismos internacionales, que impulsaban la descentralización como forma de democratizar y de mejorar la eficiencia de la gestión pública;

• los vientos de paz que soplaban por entonces y parecían señalar -algo cabalísticamente- que fortalecer los gobiernos locales sería una manera de facilitar la inserción de la guerrilla a la vida política local.

Por otra parte la descentralización puede tener muy distintos propósitos. En general, sus defensores coinciden en señalar como objetivos prioritarios:

• acercar el Estado a los ciudadanos;

• estimular la participación ciudadana en la decisiones locales;

• mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios;

• hacer más transparente la gestión en tanto el ciudadano pueda vigilar directamente a la administración.

Lograr esos objetivos suponía fortalecer la institucionalidad local, capacitar a la sociedad civil para participar, redistribuir competencias y recursos, y establecer un nuevo marco de relaciones intergubernamentales.

Un camino en cinco etapas

El país de ese entonces y el de ahora son distintos. Son innegables los avances en participación ciudadana, en cobertura de servicios, en infraestructura básica. Podría discutirse sobre qué falta o sobre cuáles han sido sus debilidades, pero se ha hecho camino al andar.

En 1991 se elevó a rango constitucional el modelo de Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales. Normas posteriores precisaron las distintas competencias, pusieron a funcionar el sistema de transferencias, permitieron formular proyectos de carácter local, mejoraron los gobiernos locales a través del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Sin embargo, algunos de estos esfuerzos resultaron insuficientes y de corto alcance, se produjo una inflación normativa legislativa y comenzaron a verse algunas grietas dentro del sistema.

Para analizar bien el proceso sería preciso distinguir entre las varias etapas recorridas:

1. Pese a que en la primera hora de efervescencia hubo altas dosis de improvisación ¬— primero se produjo la reforma y luego se desarrolló la estrategia de apoyo — pueden señalarse logros muy importantes.

a. Se rompió el bipartidismo y aparecieron opciones políticas de base regional que sacudieron el mapa político.

b. Para la Unión Patriótica (UP), que por entonces irrumpía en el escenario, significó un espacio relevante que sin embargo se vería cegado por el genocidio.

c. Surgieron modelos de gestión innovadores;

d. se ampliaron los espacios de participación democrática;

e. la prestación de los servicios públicos empezó a mejorar, especialmente en términos de cobertura.

2. La constitución de 1991 consolidó el modelo con algunas características particulares:

a. amplió la democracia participativa;

b. subrayó la dimensión social de la descentralización

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