Reforma Agraria En Guatemala

La reforma agraria

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La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, considerado como la columna vertebral del poder oligárquico, sostén de las sucesivas dictaduras y un factor de atraso nacional. Cuando se realizaron los censos estadísticos panamericanos de 1950 y se conocieron sus resultados, las presunciones sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra y las abismales desigualdades en el campo se convirtieron en certezas. En ese año el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) elaboró un estudio en el que criticaba acerbamente las desigualdades de la vida guatemalteca y recomendaba adoptar una serie de políticas; entre ellas, un cambio en la tenencia de la tierra para estimular la agricultura campesina y ampliar el mercado interno. 64.

En 1953 en su discurso ante el Congreso de la República, el presidente Arbenz Guzmán se refirió a la Ley de Reforma Agraria como el comienzo de la transformación económica de Guatemala. "Es" -dijo- "la fruta más preciosa de la Revolución y la base fundamental de la nación como un país nuevo". La Ley de Reforma Agraria promovía la modernización del agro y la disolución de las formas de trabajo arcaicas prevalecientes en el campo guatemalteco:

Decreto 900 Artículo 1: La Reforma Agraria ... tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo ... para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura, y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Artículo 2: Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, cualquiera sea la forma en que subsistan.

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Las fincas menores de 90 hectáreas no estaban afectadas por la ley, ni las de menos de 200 hectáreas que estuviesen cultivadas, al menos en sus dos terceras partes. Tampoco las grandes propiedades en producción, cualquiera fuera su tamaño; pero al prohibirse el colonato y la aparcería, se intentaba obligar a los terratenientes a invertir en salarios.

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Durante los 18 meses de aplicación de la reforma agraria, se repartieron entre 603 y 615 hectáreas de tierras particulares (10% del total de dichas propiedades); 280 mil hectáreas de tierras nacionales; y se concedieron créditos para apoyar la producción. A la compañía bananera United Fruit Company (UFCO), que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220 mil hectáreas, se le expropiaron 156 mil hectáreas; es decir el 64% de su superficie.39 Los terratenientes afectados recibieron un pago en bonos del Estado, según el valor fiscal de la propiedad reportado durante los tres años anteriores (en general cifras drásticamente subvaluadas) con una tasa anual de interés del 3%.

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Para 1954 se habían beneficiado más de 138 mil familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran indígenas.40 Esto podía traducirse en un estimado de medio millón de personas, para un país que contaba con tres millones de habitantes. Más de la mitad de los beneficiarios obtuvieron también créditos agrícolas. Así se explica en parte el impacto del programa de reforma agraria entre los campesinos.

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La aplicación del referido programa representó un fuerte desafío a la estructura de poder tradicional en el campo, no sólo por la reestructuración de la tenencia de la tierra, sino porque la Ley de Reforma Agraria impulsó la organización de Comités Agrarios Locales en cada finca, favoreciendo que se crearan estructuras de poder local alternativo. La reforma se canalizó a través de dichos comités, cuyo número hasta diciembre de 1953 era de 1,496.41 Muchos estuvieron influidos por el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), aunque adquirieron dinámicas propias en los ámbitos locales. Algunos se constituyeron en foros activos de participación democrática en una época caracterizada por una gran efervescencia política; otros se derivaron en espacios de conflicto y corrupción.

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A pesar de que la intención de los promotores de la Ley de Reforma Agraria fue la de enajenar únicamente las tierras ociosas de las grandes fincas, en muchas regiones las comunidades intentaron resolver viejos conflictos locales a través de ella, como los problemas que planteaban las tierras comunales. Uno de esos problemas tuvo lugar en el municipio de Cantel, Quetzaltenango, donde se solicitó la devolución de tierras adjudicadas por Justo Rufino Barrios en 1877 a una comunidad ladina y que los indígenas reclamaban como propias. La resolución de la Comisión Agraria Departamental en 1953 favoreció a estos últimos.42 Asimismo, en otras ocasiones se produjeron denuncias y ocupaciones de tierras no afectables, así como casos de irregularidades en la distribución de las parcelas.

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Episodios de esta índole fueron consecuencia, entre otras razones, de la deficiente información que existía sobre la ley, de su errónea comprensión o interpretación por parte del campesinado, de la falta de experiencia de la incipiente organización campesina y de la politización del proceso en su conjunto. Ello contribuyó a "crear tensiones entre los mismos revolucionarios, en la medida en que las acciones del Gobierno no satisfacían las expectativas de las organizaciones comunitarias".43

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A las tensiones que desató la Reforma Agraria deben sumarse los problemas provenientes de un sistema judicial incapaz de aplicar la ley y de resolver los conflictos derivados de su aplicación. Esa ineficacia ayudó, en gran medida, a crear más tensiones entre los sectores que impulsaban la reforma y las comunidades donde ésta se aplicaba. Los conflictos entre los diferentes sectores llegaron a su punto culminante en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. La confrontación se produjo debido a un recurso de amparo que finalmente aceptó la Corte Suprema de Justicia y que llevó a la destitución de ésta por parte del Congreso. Este incidente aumentó las dudas sobre la legitimidad de la Reforma Agraria.

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Las transformaciones y conflictos en el agro generaron importantes temores entre los grandes propietarios, así como en determinados sectores medios urbanos y rurales, pues al sentir amenazados sus intereses se unieron a la campaña que identificaba los cambios sociales con una orientación político-ideológica del régimen hacia el comunism

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