Reforma del Artículo 41

Pese a que tuvo amplia cobertura el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión en el que se aprobaron las leyes que conforman la llamada reforma político-electoral, debido a las largas sesiones en ambas Cámaras y la amplitud de las legislaciones, quizá sea aún difícil conocer los alcances de la reforma, por lo que Animal Político te presenta un recuento de los puntos principales de los nuevos marcos normativos aprobados ya en su totalidad en el Legislativo.

Las leyes que conforman la reforma político-electoral son las siguientes:

Reforma al Artículo 41 de la Constitución en materia de Propaganda Política.

Ley General de Delitos Electorales, donde se incluyó un escenario para anular elecciones y se detallaron conductas ilícitas durante tiempos electorales.

Ley General de Partidos Políticos.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sustituye al Código Federal de Procedimientos Electorales e incluye cambios a:

Ley General Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Ley de impugnación.

A continuación, un acercamiento al contenido de cada ley:

Reforma del Artículo 41 de la Constitución en materia de Propaganda Política

Pese al debate y las críticas de algunos legisladores a esta reforma constitucional, se agregó la palabra “adquirir” a este artículo de la Carta magna, para permitir la nulidad de una elección no sólo ante la compra, sino cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

El término “adquiera” busca abarcar toda la gama posible de acceso a radio y televisión, más allá de la compra, porque estos tiempos técnicamente se podían adquirir por donación, regalo, cesión, aportación, bajo la anterior redacción.

Sin embargo, la nulidad de la elección sólo sería efectiva si la diferencia entre el candidato con mayor número de votos y el segundo lugar es menor a 5%, lo que en los hechos -criticaron algunos diputados- podría hacer inoperante la reforma.

Este cambio, al ser constitucional, aún debe tener la aprobación de la mitad más uno de dos terceras partes de los congresos locales, a fin de que el Ejecutivo federal la promulgue.

Ley General de Delitos Electorales

Entre los puntos clave de esta ley se determinan nuevas sanciones a ciertos delitos electorales, se reforman las facultades y obligaciones de autoridades, así como la coordinación entre la federación y los estados durante un proceso electoral.

Entre las sanciones aprobadas, se imponen 200 a 400 días de multa y prisión de dos hasta nueve años, a servidores públicos que coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, voten o se abstengan de votar por algún partido o candidato. Si un funcionario condiciona programas gubernamentales a cambio del voto, las penas aumentarán hasta en un tercio sobre lo previsto.

Se impone también multas de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por un intermediario aporte, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o se utilicen fondos o bienes con un origen ilícito, o que rebasen los permitidos por la ley.

Se agregan penas de 2 a 9 años de prisión al precandidato, candidato, funcionario partidista u organizadores de actos de campaña cuando aprovechen fondos, bienes o servicios en apoyo o perjuicio de otro contendiente.

A servidores públicos que cometan cualquier delito previsto, además de la inhabilitación para ocupar un cargo en el servicio público federal, local, municipal, estatal, delegacional o en el DF y se les impondrá de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe)

Algunos de los puntos principales contenidos en la nueva norma electoral que sustituye al Cofipe son:

El INE podrá atraer la organización de procesos electorales locales bajo los supuestos de factores que afecten la paz pública, los principios de imparcialidad o la intromisión gubernamental.

Los mexicanos que residan en el extranjero podrán votar a distancia en la elección de presidente y senadores, así como de gobernadores y del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Se regula las candidaturas independientes para presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Se determinan las obligaciones y derechos de los candidatos independientes, como:

Crear una Asociación Civil que tendrá el mismo tratamiento de un partido político.

La obligación de su alta ante el SAT.

Informar de su aspiración

...