Reforma del sector electrico dominicano

I.- INTRODUCCIÓN “TÉCNICA”.

Antes de hablar de esa investigación con respeto a la reforma estructural del sector eléctrico dominicano sabemos que Reforma generalmente se distingue y diferencia de Revolución, ya que este último concepto siempre se asocia con un cambio radical. Una reforma puede llegar a ser no más que una racionalización de procedimientos o una puesta a punto de los mismos, o a lo sumo el encausamiento o atenuación de errores serios que tenían por consecuencia alterar o distorsionar los fundamentos y objetivos del sistema. Una reforma, en algún sentido, procura mejorar el sistema de que se trata mientras el mismo se continúa aplicando, y en muchos casos hay en este proceso una gradualidad y continuidad. Por el contrario, los grupos radicales, cuando encaran cambios en un sistema, en muchos casos proponen o tratan de promover cambios profundos, incluso con el derrocamiento o desplazamiento del propio gobierno y/o de la cúpula directiva del sistema, incluso con la sustitución de un grupo de gente por el propio grupo que propone los cambios y que intenta llevarlos adelante.

Proceso de capitalización del sector eléctrico Dominicano

Que es un proceso?

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.

En la Republica Dominicana se comenzó a trabajar un proceso de reforma estructural del sector eléctrico y de las empresas públicas que no contemplaba la capitalización como mecanismo de inserción del capital privado. Los trabajos se iniciaron con la redacción de un nuevo marco legal e institucional para la industria eléctrica sin poner énfasis en el proceso de inserción de capital en sí mismo. A final del año 1992 se contrataron los servicios de cuatro profesionales chilenos de muy alto nivel y vasta experiencia (un abogado, dos ingenieros y una economista) con la asistencia técnica del BID. Con dichos consultores se trabajó durante la primera mitad del 1993 y para inicios del tercer trimestre de 1993 ya se contaba con el primer borrador completo del anteproyecto de la ley general de electricidad. Dicho proyecto de ley se estancó en el Congreso hasta la primera mitad del 2001 cuando fue aprobado. Es importante mencionar que el texto aprobado en el 2001 se diferencia muy poco del texto que fue sometido originalmente en el 1993. Eso es una señal de lo altamente politizado que es el sector y de que el proceso de reforma fue y es más político que económico.

La historia de cómo surgió la propuesta de adoptar el mecanismo de capitalización es la siguiente. Entre el 1994 y el 1996, el país estaba enfocado en la reforma constitucional que se realizó durante ese periodo y en la solución a la crisis política del 1994. El país estuvo detenido en cuanto a nuevas decisiones políticas y el proceso de privatización sufrió esa misma suerte ya que es un proceso cuya ejecución demanda mucho capital político. El proyecto de ley sometido en 1993 perimió y no hubo avances en el Congreso. Desde el punto de vista político o de negociaciones políticas para llevar adelante el proceso todo se detuvo entre 1994 y 1996. Sin embargo, durante ese periodo hubo un pequeño equipo técnico de cuatro personas que siguió trabajando amparado y financiado básicamente con unos fondos de la cooperación del BID y luego de ayudas adicionales asignadas primero por el Banco Mundial y luego por la USAID, y se fueron realizando todos los trabajos técnicos que iban puntualizando la visión general que estaba bosquejada en el proyecto de ley. En ese tiempo se contrataron consultores internacionales que ayudaron a la Republica Dominicana a diseñar no tanto el proceso de privatización propiamente dicho, sino la estructura industrial de la industria eléctrica. Fue ahí cuando se definió técnicamente que el país quería dividir la CDE en empresas de generación, de transmisión y de distribución; fue ahí que se definió que serían tres las empresas de distribución regionalmente distribuidas en la forma en que resultaron; fue ahí que se definió la agrupación de la generación térmica en dos empresas (posteriormente Itabo y Haina); y que se decidió que todo el parque hidráulico quedaría en manos de una empresa (la decisión de dejarla en manos del sector público fue posterior). También en esta etapa, se hicieron corridas económicas para verificar la viabilidad económica del esquema propuesto, y los trabajos terminaron en el tercer trimestre del año 1995. En lo concerniente al tema eléctrico se concluyó que era urgente llevar adelante el proceso de privatización bajo algún esquema, más que nada porque la crisis eléctrica en los años 1995 y 1996 fue muy fuerte. En ese escenario es donde se decide que la estrategia de inserción del sector privado a la industria eléctrica de la Republica Dominicana se haría mediante un proceso de capitalización similar al que se realizó en Bolivia, ya que cuando se capitaliza una empresa no se enajena el activo, sino que se atraen nuevos capitales para reactivar la empresa manteniendo el activo original invariable en manos del mismo propietario estatal. Esa fue la solución que los partidos políticos dominicanos encontraron para poder viabilizar un nuevo orden institucional que incluyera la participación de capital privado en la industria eléctrica y la administración privada de una gran parte de esa industria eléctrica. Cuando se cierra ese acuerdo político se contrataron consultores bolivianos, entre los cuales se contaron dos vice‐ministros que habían trabajado en el proceso de capitalización de Bolivia y se redacta el proyecto de la ley de capitalización, la cual fue aprobada de forma rápida en el Congreso. A pesar de la recomendación de los asesores internacionales y del interés del Gobierno el proyecto de la Ley General de Electricidad no corrió la misma suerte debido a motivaciones políticas en el Congreso. Esta situación obligó al Gobierno a realizar los trabajos legales de la capitalización de la CDE dentro del marco jurídico institucional de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, que era el marco legal vigente. Si la Ley General de Electricidad hubiera estado aprobada antes de la licitación para la capitalización, el sector hubiera iniciado esta nueva etapa con una fortaleza institucional indiscutible. En este punto es notable lo negativo que ha resultado la injerencia política en la industria eléctrica cuando la visión no está clara: El Congreso Dominicano instruyó al Poder Ejecutivo que llevara adelante el proceso de licitación respetando los procedimientos y plazos establecidos, pero le negó al proceso de capitalización el contar con herramientas accesorias que podían influir

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