Seguridad Ciudadana

La última década en la argentina se ha caracterizado, entre otras cosas, por

una profusa actividad legislativa en materia penal y procesal penal. En la primera, se

han sucedido una larga serie de reformas al Código Penal y leyes complementarias, en

su mayoría motivadas por hechos de trascendencia que conmovieran a la opinión

pública y que por consiguiente generaran críticas al estado, al que se lo responsabiliza

de una situación de inseguridad urbana.

Tales reformas en líneas generales se han circunscripto a la creación de

tipos penales o la incorporación de nuevas situaciones en tipos ya existentes o en sus

agravantes, y en incrementos de pena. Durante la primera mitad del año 2004, la

actividad se ha intensificado y las reformas han aumentado hasta llegar niveles

asombrosos.

En cuanto al aspecto procesal penal, en el año 1992 se ha modificado

íntegramente el régimen federal, adoptándose un sistema de enjuiciamiento mixto, y en

el año 1998 el primer estado argentino –Provincia de Buenos Aires- también cambió su

ordenamiento ritual, aunque optó por un modelo acusatorio.

Además, ambos ordenamientos han sufrido reformas, en particular en los

regímenes de excarcelaciones. El nacional también ha incorporado diversos institutos

que lo aproximan a un sistema acusatorio –juicio abreviado, juicio en flagrancia por

delitos de menor cuantía, expedientes con imputados no identificados-, y el bonaerense

innovaciones tales como el principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal.

Todo este marco lleva necesariamente a reflexionar cual es la incidencia

que posee una expansión de la actividad punitiva del estado o la adopción de distintos

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modelos que tienden a la optimización de los sistemas de enjuiciamiento, en especial, si

provocan “per se” una disminución en los índices de inseguridad.

Este trabajo tiene por objeto analizar esas cuestiones, en particular sobre

los puntos propuestos por el Ministerio de Justicia de la Nación en su plan de seguridad

exteriorizado en la primera mitad del año 2004, y en relación también a las recientes

reformas legislativas consagradas.

b. El Derecho Penal y la seguridad ciudadana

i. La política criminal y los canales formadores del consenso en materia de

legislación penal.

Silva Sanchez explica que uno de los rasgos más significativos de las

sociedades de la era postindustrial es la sensación general de inseguridad 1, creada en

gran medida por la proliferación del fenómeno delictivo. En este marco, la respuesta

que se le dé se exhibe como una de las finalidades esenciales del gobernante. A ello

apunta la política criminal del Estado, que habrá

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