Sistema Carcelario

México social: la crisis del sistema penitenciario

De acuerdo con la CNDH, las cárceles son lugares de violación constante a los preceptos constitucionales: 242 mil personas están detenidas (11 mil de ellas son mujeres) en espacios diseñados para 190 mil

En México existen 418 centros penitenciarios: 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

La crisis: los reclusos mandan De acuerdo con el Diagnóstico de la CNDH, hay una larga lista de problemáticas no atendidas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, las cuales se pueden resumir en el hecho de que actualmente las prisiones con frecuencia “propician abusos de poder, dadas las características de encierro y de vulnerabilidad en que por lo mismo, se encuentran las personas recluidas”. Tales problemáticas se resumen en lo siguiente:

a) Deficiente control en el ejercicio eficiente de las funciones de autoridad; en 65 de los 101 centros visitados por la CNDH se encontró autogobierno o cogobierno.

b) Hacinamiento y sobrepoblación.

c) No existe una adecuada separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres.

d) La atención médica es insuficiente y carecen de equipamiento e instrumental médico adecuado.

e) En la mayoría de los centros no existen mecanismos para prevenir eventos violentos.

f) Tanto en lo federal como en lo local, carecen de unidades de atención y presentación de quejas por violaciones a los derechos humanos.

g) Los teléfonos públicos dentro de las prisiones tienen deshabilitados los números gratuitos con lada 01 800, lo que viola el derecho a la comunicación y debida defensa, así como a la protección de los derechos humanos.

h) En la mayoría de los centros, las condiciones de higiene, la calidad de los alimentos, así como el acceso a servicios de educación, son deplorables.

La situación es tan grave que el tema ya ha sido observado por instancias internacionales

El abuso en el uso de la cárcel

En primer lugar, 96.4% de las sentencias condenatorias durante el año 2011, establecieron como pena la detención carcelaria.

Adicionalmente, debe considerarse que 58.8% de quienes están recluidos en prisión purgan condenas de menos de tres años, lo que evidencia que es posible establecer mecanismos sanción distintos a la reclusión y asumirla, en caso de delitos menores, como el “último recurso disponible”.

La organización México Evalúa señala que hay más de 242 mil personas recluidas en centros penitenciarios, cuando la capacidad instalada es para sólo 190 mil.

Además del hacinamiento, 80% de quienes están detenidas y detenidos en prisiones federales declaran no recibir visitas de familiares.

Traslados forzados

De acuerdo con la Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Socia CIDE 2012, coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez Correa, la mayoría de las personas privadas de su libertad han sido trasladadas a centros federales que están sumamente alejados de sus lugares de origen, contraviniendo lo que establecen los artículos 18 y 19 de la Constitución.

De acuerdo con el estudio, sólo 17% de las y los internos aceptaron su traslado; el promedio que tienen que recorrer los familiares de las personas detenidas es de 791 kilómetros; mientras que para la mayoría de los familiares el costo económico, laboral y emocional de estos movimientos es prácticamente insostenible.

Las alternativas

La mayoría de expertos y organismos defensores de los derechos humanos coindicen en el diagnóstico, pero también en puntos de propuesta, a los cuales la autoridad hace caso omiso:

a) La eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos.

b) Impulsar el desarrollo normativo y organizacional de las sanciones no privativas de libertad.

c) La utilización prudente del recurso de prisión preventiva.

d) El mejoramiento y la institucionalización de los programas y las técnicas de reinserción.

e) El fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional.

f) La profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia

LA INFORMACION LA SAQUE DE EXCELSIOR

ADMON DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MEXICO

El programa Administración del Sistema Federal Penitenciario (E904) “organiza y administra los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS). Ejecuta las sentencias de los delincuentes en condiciones propicias que favorezcan su reinserción social con base en el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte durante el cumplimiento de la sentencia de los internos”. (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2013)

Es operado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que a través de su Dirección General de Administración: administra los recursos humanos, financieros, materiales y de prestación de los servicios generales, que permiten la atención a los programas y centros federales adscritos al órgano.

HISTORIA

Desde la administración del Presidente Plutarco Elías Calles (1924) se buscó que las penitenciarías fueran centros de regeneración, sin embargo, fue hasta el régimen de Emilio Portes Gil, en 1929, que se creó el Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social y se expidió el primer Código Penal. Acciones fundamentales para la administración del Sistema Federal Penitenciario.

En 1958 se puso en operación la penitenciaría de Santa Martha Acatitla cárcel de mujeres. En 1976 se cierra Lecumberri para dar paso a los Reclusorios Norte, Oriente y Sur. Entre 1988 y 1990 fue construido el penal de máxima seguridad no.1 “Almoloya de Juárez” en el Estado de México.

Es hasta 2001, con el Presidente Vicente Fox Quesada, que se crea la instancia que actualmente lleva a cabo la administración del sistema penitenciario, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, cuyos orígenes fueron bajo la Secretaría de Seguridad Pública y que a partir de 2013 dependen nuevamente de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad.

En 2008 se puso en marcha la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 con el objetivo de dar origen a un nuevo modelo penitenciario. De este modo, se llevó a cabo una reforma constitucional, de la cual uno de sus objetivos es limitar la prisión preventiva con

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