Sistema Penitenciario En Mexico

El sistema penitenciario mexicano atraviesa una crisis. No se trata de un fenómeno exclusivo de México y tampoco es reciente. Sin embargo, en los últimos años se han acumulado evidencias sobre la falta de capacidad del sistema para contribuir de manera efectiva a la reinserción social de los sentenciados o a la disminución de la incidencia delictiva. Esta crisis se originó, como se muestra más adelante, por múltiples factores entre los que destacan el propio crecimiento de la delincuencia; la mayor severidad de los castigos; y las características del proceso penal, con un uso extensivo de la prisión preventiva y con escasas alternativas al uso de la prisión.

Frente a la expresión de esta crisis, como también se detalla en estas páginas, el Estado respondió en dos grandes vertientes: primero, desde el ámbito legislativo se fueron abriendo opciones para atenuar el uso de la prisión como forma privilegiada de castigo y, de manera más ambiciosa, en 2008 entró en vigor una amplia reforma constitucional que, entre otras cosas, estableció la figura de juicios orales e introdujo los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Sobre todo con el segundo de estos elementos, se pretende crear un nuevo sistema penal, en el cual no todos los casos tengan que resolverse por la vía de un largo y costoso juicio, sino que puedan utilizarse recursos como la conciliación y el arbitraje y, en los casos que así lo requieran, se lleven a cabo con la supervisión de un juez.

La segunda vertiente de respuesta del Estado mexicano ha sido la inversión sin precedentes, realizada en los últimos años, a efecto de rescatar y abrir nuevos espacios y centros de reclusión. Analicemos en primer lugar los factores más relevantes que explican la crisis del sistema penitenciario.

De la saturación al autogobierno

A partir de los años ochenta en todo el mundo se experimentó el crecimiento y diversificación de las actividades delictivas. Esta situación originó también el crecimiento del aparato punitivo. En los códigos penales se incrementaron los delitos tipificados; en México una cantidad creciente de los mismos fueron catalogados como delitos graves, lo cual originó la aplicación creciente de la prisión preventiva. Sin embargo, como se muestra en la gráfica 1, el crecimiento de los espacios disponibles en los penales no fue suficiente para albergar a un número cada vez mayor de internos.

Un problema adicional es que la sobrepoblación se acentúa en ciertas entidades federativas y en algunos penales. Así, 70% de los reclusos del país se encuentran en 13 entidades, las cuales se caracterizan por ser los lugares donde se encuentran los asentamientos urbanos más grandes del país (DF, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz) o entidades con fenómenos crecientes de delincuencia organizada, tales como narcotráfico (Baja California, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa) o de tráfico de personas (Chiapas). En tanto, 28 instalaciones penitenciarias del país (6.5% de la infraestructura) concentran 50% de la población penitenciaria, mientras que el restante 50% se ubica en 401 centros (93.5% de la infraestructura).

La sobrepoblación genera un caldo de cultivo propicio para la corrupción y, en algunos casos, el surgimiento de mafias que se apoderan y comercializan los escasos recursos y servicios vitales, así como los espacios disponibles. También explica las dificultades para mantener adecuadamente clasificados y separados a los internos en función de su peligrosidad, del tipo de delitos cometidos y del estatus legal en que se encuentran (procesados o sentenciados). Esto imposibilita cumplir cabalmente el artículo 18 Constitucional, el cual señala que la prisión preventiva tendrá que realizarse en un lugar separado y distinto del destinado a la extinción de las penas.

Estos fenómenos también favorecen, entre otras cosas, socialización de contactos y prácticas delictivas entre los internos, fenómenos recurrentes de autogobierno, así como la planeación y ejecución de hechos delictivos desde el interior de los penales.

Características de los internos

En alguna medida el funcionamiento actual del sistema penal ha propiciado que los penales estén saturados de personas que no han sido declaradas culpables (están en proceso), que cometieron delitos de baja peligrosidad y por lo tanto tienen sentencias menores y, entre otras cosas, son provenientes generalmente de familias de bajos recursos económicos. Veamos los datos.

Desde 1994 y hasta 2010 se ha observado que, en promedio, de cada diez personas recluidas cuatro están esperando sentencia. Para el caso de los internos del fuero federal, la población en calidad de “procesados” se encuentra en un rango de entre 32 y 34%; en cambio, para los internos del fuero común, este rango se ubica entre 47 y 49% en promedio. Es decir, los procedimientos penales tienen un mayor rezago entre los delitos comunes, aquellos que afectan a la mayor cantidad de población y que la afecta más directamente.

Por otra parte, las sentencias revelan la comisión de delitos prácticamente de sobrevivencia. Como se observa en el cuadro 1, en 2008 fueron sentenciados con prisión 115 mil 227 delincuentes del fuero común en las 32 entidades federativas, de los cuales 81% (93 mil 720) tienen una condena menor a los cinco años. De este último universo, más de la mitad cometieron los delitos de robo o daño en las cosas.

De acuerdo con los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión, realizada en 2009 por el Centro de Investigación y Docencia Económica en los penales del Distrito Federal y Estado de México, es posible observar las siguientes tendencias:

 55% de los internos cumplen sentencia por robo. De éstos, tres de cada cinco por robo con violencia.

 La mitad de los robos lo son por 5 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 700 pesos o menos.

 50% de los internos presos por delitos contra la salud fueron detenidos por comerciar drogas por montos inferiores a 1,250 pesos y una cuarta parte por menos de 200 pesos.

Aproximadamente uno de cada tres sentenciados había estado preso previamente o había estado internado en alguna institución para menores infractores.

La respuesta del Estado

Como parte de las actividades realizadas para recuperar y fortalecer la infraestructura penitenciaria, el IV Informe de Gobierno del Presidente Calderón dio cuenta de diversas obras de remodelación realizadas en dos centros federales; los trabajos para

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