Sistema politico actual

Sistema Político Actual

Los Estados Unidos Mexicanos es una república, representativa, democrática, federal y laica; compuesta por Estados libres y soberanos (y estos por Municipios) en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México (capital del país); unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. De acuerdo con esta ley fundamental, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes: Presidente (Ejecutivo), Congreso de la Unión (Legislativo) y un Poder Judicial, depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia.

La representatividad del poder público esta principalmente depositada en un Sistema multipartidista, donde los partidos políticos son el principal ente de participación ciudadana; todo ello regulado por instituciones electorales autónomas (Instituto Nacional Electoral, Tribunal electoral y Fiscalía electoral). No obstante, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 74% de los mexicanos considera que el sistema electoral de México no es transparente y desconfía de los resultados oficiales. El sistema político mexicano incluye órganos autónomos que sirven de contrapeso en áreas específicas (Fiscalía General de la República, CNDH, Auditoria Superior, Banco de México, INEGI, Cofece, IFT e INAI).

Durante el siglo XX México fue un lugar de estudio privilegiado para historiadores, sociólogos y politólogos. La revolución mexicana fue el primer gran acontecimiento social del siglo, adelantándose a la revolución rusa y al movimiento secularista y nacionalista de Kemal Ataturk en Turquía. La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en consagrar una gran cantidad de derechos laborales y sociales en su texto, aunque casi siempre fueron letra muerta. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo en el poder por casi 70 años de forma ininterrumpida y su sistema presidencialista, ese que consagraba a un pequeño rey cuya omnipotencia duraba seis años, era estudiado lo mismo por intelectuales como Daniel Cosío Villegas que estaba presente en las aulas francesas, estadounidenses o latinoamericanas. México y su "dictadura perfecta" fueron un caso digno de estudio por mucho tiempo.

La alternancia de 2000 fue un cambio de emblemas y siglas de los partidos pero la estructura de la política económica permaneció intacta al igual que muchas de las reglas del juego. Alguno de los cambios que llegaron fue la mayor autonomía de los gobernadores y la relevancia que adquirió el poder judicial y las sentencias de sus magistrados. Sin embargo, pocos cambios hubo en los trabajos legislativos y en el sistema de partidos, lo que permitió un pronto regreso del PRI a la titularidad del Ejecutivo. Habían dejado la presidencia pero nunca abandonaron el poder en la realidad.

En 2018 la victoria de López Obrador ha sido tan abrumadora que la pregunta es qué tanto habrá de transformarse el sistema político mexicano. Hay que recordar que de 32 estados, AMLO triunfó en 31 de ellos. En 19 Congresos estatales la mayoría la tiene el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por lo que no sería difícil introducir cambios constitucionales ya que también el partido de centro-izquierda cuenta con mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores. Todavía sin tomar el poder, las primeras acciones que ha realizado López Obrador le han significado un aumento en sus índices de popularidad y aprobación por la ciudadanía. Nada en el horizonte cercano hace parecer que el fuerte presidencialismo que caracteriza a la política mexicana vaya a desaparecer o siquiera a disminuir.

El papel del poder judicial

Pero quizá, el mayor pendiente dentro del sistema político mexicano sea el papel del poder judicial. Es en el sistema de justicia donde se enquistan varias de las prácticas más lacerantes del poder político: salarios exorbitantes, nepotismo, y corrupción que se traduce en impunidad delincuencial. De igual manera, como hemos visto en los últimos años en Latinoamérica, la autonomía que debe tener el poder judicial se ha pervertido para judicializar la política y atentar contra las democracias. Ahí están los casos de Argentina, Brasil y Ecuador por poner algunos ejemplos.

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