Subsidio y subvencion

Cepal: Venezuela es el país de América Latina con mayor subsidio para gasolina y diesel

NOTICIAS | JULIO 29, 2015 - 5:32PM

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó su estudio correspondiente al año 2015 el cual incluye un apartado sobre la carga financiera y fiscal que tienen los bajos precios de la energía en varios países de la región.

“Los subsidios a los combustibles representaron anualmente el 1,4% del PIB, mientras que los subsidios a la electricidad fueron equivalentes al 0,8% del PIB”, indica la Cepal en su reporte.En términos absolutos, Venezuela es el país de América Latina con los mayores montos de subsidios para la gasolina y el diesel, seguido por México, el Ecuador, la Argentina, en menor medida, y por último Colombia, que ha venido llevando a cabo una política de reducción de los subsidios, principalmente a los estratos más altos, agrega el informe.

El caso venezolano aparece con un monto de subsidio equivalente a 9% del producto interno bruto de ese país: 7% del PIB solamente por el bajo precio de la gasolina y el 2% restante por las tarifas de electricidad. En segundo término figura Ecuador con costo de subsidio que representa 7,5% de esa nación.

En lo que se refiere a electricidad, la Cepal señala que los subsidios tienen unadistribución menos concentrada sobre todo en países con menores ingresos como Haití, Nicaragua y Hondura.

“Este tipo de subsidios suelen crearse como parte de políticas sociales o industriales, con el objetivo de dar a grupos específicos (consumidores de bajos ingresos o productores de sectores estratégicos) un acceso más barato a la energía”, indica la Cepal.

Costa Rica, Chile, Uruguay y Paraguay figuran como naciones sin ningún tipo de subsidio en materia energética.

El informe de la Cepal, por otro lado, muestra que el país con mejor desempeño económico en 2015 será Panamá con un crecimiento de 6%, seguido de Bolivia y St. Kitts y Nevis con una variación positiva de 4,5% con respecto a 2014. En la lado contrario, figuran Brasil y Venezuela con una contracción de 1,5% y 5,5%, respectivamente. De acuerdo a la Cepal la economía venezolana registrará una caída por segundo año consecutivo toda vez que se registro una reducción de 4% en 2014.

CASI TODO lo que se compra o se utiliza en Venezuela tiene algún grado de subsidio, hasta las cosas menos imaginables. El dólar, los combustibles, los servicios públicos, las tasas de interés para acceder al crédito, las viviendas, las medicinas, los alimentos nacionales e importados, la educación, el empleo, la vialidad, la seguridad social y el sistema público de salud son apenas los casos más notorios. Cientos de programas orientados a las clases menos favorecidas, especialmente multiplicados durante los gobiernos socialistas de los últimos lustros, han dejado una estela de subsidios muy difíciles de reorientar, que ha creado una resistencia intrínseca a cualquier cambio político que implique dejar de lado las ayudas sociales, los precios baratos y los privilegios. Piense en algo que usted compra con regularidad y seguramente encontrará un subsidio directo o indirecto; estos últimos derivados de controles de precios y cambios que llevan más de once años de aplicación. Los indicadores económicos parecen desmentir con vehemencia la efectividad de los subsidios: 57,3 por ciento de inflación anualizada hasta febrero de 2014, incremento del costo de la canasta alimentaria como porcentaje del salario promedio, pérdida de poder adquisitivo y alto porcentaje de informalidad son algunos síntomas de una economía en desequilibrio. Pero los subsidios están ahí y sin ellos el costo de la vida para muchas familias sería simplemente insostenible. Los economistas coinciden en que Venezuela es uno de los países con mayores subsidios, como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Cálculos de la firma Ecoanalítica indican que los subsidios directos en Venezuela abarcan alrededor de 38 por ciento del PIB nominal. Eso quiere decir que los precios congelados de productos y servicios esenciales, las tasas de interés y la venta de productos importados por el gobierno a los tipos de cambio oficiales representan más de 90.000 millones de dó- lares al año. Este número excluye los subsidios agrícolas, que van desde gavetas obligatorias para préstamos a los productores hasta la venta de fertilizantes y otros insumos por debajo de su costo de producción, las misiones y otros programas sociales de ayuda directa. «La economía venezolana está borracha de subsidios», afirma Asdrúbal Oliveros, presidente de Ecoanalítica. «Y lo peor de todo es que están mal dirigidos, por lo que no contribuyen en gran medida a reducir los índices de pobreza». Incluso con la desaceleración que ha experimentado la economía durante el último semestre, que ha reducido la magnitud de subsidios como el de la construcción de viviendas y la importación de alimentos y medicinas por las redes estatales, el peso de los subsidios para el Estado y principalmente para Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no deja de ser muy elevado. En Venezuela los subsidios suelen pasar inadvertidos para quienes los disfrutan. Ese es el resultado del enraizamiento de políticas públicas creadas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a bienes y servicios que, al ser importados o tener un costo de producción considerado alto, representan una elevada porción del salario. Las políticas socialistas de los últimos años han extendido subsidios existentes en la economía venezolana (en los ámbitos de energía, servicios públicos, empleo, educación y salud) y creado un gran número de nuevos subsidios directos como las misiones, muchas de las cuales incluyen la entrega de becas y mensualidades a sus beneficiarios. La nacionalización reciente de empresas prestadoras de servicios públicos, como luz eléctrica y telefonía, así como fabricantes o comercializadoras de bienes esenciales tales como alimentos, medicinas e insumos para la construcción, ha contribuido también a multiplicar los subsidios. La prolongada congelación de los precios de venta de miles de productos y servicios (paradójicamente, en medio de una galopante inflación que encarece sin remedio los insumos) ha terminado por provocar que muchas compañías estatales (que antes generaban ganancias) se vean ahora incapaces de cubrir sus costos de producción. El gobierno evita autorizar un incremento de precios finales de venta para minimizar su efecto inflacionario, lo cual ha creado una espiral de pérdidas que impacta la productividad de las empresas y eleva la necesidad de realizar costosas importaciones de insumos y productos finales. La consecuencia es incrementar la magnitud del subsidio sin impedir, a la postre, el aumento de precios de los bienes que se intenta proteger.

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