TENECIA DE LA TIERRA

1 . El problema de la tierra en Colombia

Publicado el octubre 31, 2012de Alejandro Reyes

Abril de 2010

1. Patrón inadecuado de ocupación y uso de la tierra

Colombia ha configurado un patrón inadecuado de ocupación, distribución y uso del territorio incorporado a la producción agropecuaria, con costos ambientales, sociales y económicos crecientes. Los rasgos principales de ese patrón son el acaparamiento de los mejores valles planos para ganadería extensiva, que ocupa el doble del área con vocación para ese uso; el aprovechamiento insuficiente del potencial agrícola, cuya área podría triplicar la usada actualmente en agricultura; y el peor rasgo, el desplazamiento del campesinado a tierras pendientes de laderas de montañas y bosques tropicales cálidos de colonización de frontera, cuyos costos ambientales superan con mucho los escasos beneficios de subsistencia que se obtienen cuando se produce en suelos frágiles y pobres.

Ese resultado histórico constituye hoy el principal obstáculo estructural para el desarrollo económico, la democracia y la consolidación del Estado en Colombia. El acaparamiento improductivo de las mejores tierras ha sido la fuente de rentas de las familias dominantes de las regiones fértiles, sin devolver en impuestos el costo de oportunidad que paga el resto de la sociedad, que les ha permitido subsistir en posiciones de privilegio sin invertir sus capitales en la producción empresarial, que exige grandes esfuerzos de gestión y asunción de riesgos. La gran propiedad ineficiente frena el desarrollo productivo, reduce el ingreso per cápita, no genera empleo formal suficiente y desplaza al campesinado de los suelos productivos. El atraso rural ha sido el resultado del fracaso de las elites propietarias para agenciar el desarrollo y superar el carácter rentista inherente al cuasi monopolio de la tierra.

2. Las nuevas élites propietarias refuerzan el patrón inadecuado

Las mafias enriquecidas con el narcotráfico y la corrupción, y quienes despojaron tierras a los pequeños y medianos propietarios con organizaciones de violencia se sumaron a ese estrato social de los grandes propietarios. Su simbiosis con los anteriores terratenientes generó una asociación para la defensa colectiva de la gran propiedad, que se expresó en la multiplicación de frentes paramilitares y la captura política de los gobiernos regionales. A su turno, esta nueva composición de las élites de las regiones ganaderas plantea un nuevo problema de política pública, pues debe sumarse la ilegalidad del poder mafioso a la ineficiencia productiva. En su componente mafioso, la propiedad extensiva de la tierra configura también una territorialidad usada para la industria del narcotráfico cuando invierte sus capitales y está localizada en corredores de tránsito y embarque de drogas. Por esa razón la lucha contra el narcotráfico exige la eliminación del poder territorial de las mafias, mediante el empleo eficaz de la acción de extinción del dominio.

3. El campesinado en el lugar equivocado

Que el campesinado ocupe tierras pendientes erosionables de las cordilleras andinas tiene consecuencias ambientales negativas sobre los valles fértiles, especialmente la afectación de la recarga de acuíferos, la disminución de los caudales de ríos y quebradas, la erosión de los suelos y la colmatación de los cauces del sistema hídrico en los valles, que genera inundaciones en invierno. Las consecuencias sociales son el empobrecimiento de los campesinos y el atraso económico de las regiones afectadas. Que la población ocupe regiones de colonización en las selvas amazónica y pacífica conlleva la expansión de cultivos ilícitos y la financiación de grupos armados, además de la destrucción de ecosistemas sin vocación agraria ni ganadera, salvo en los valles aluviales como el Guaviare.

4. Debilidad de los derechos de propiedad de la tierra

El régimen de propiedad de la tierra, esto es, el conjunto de derechos que el Estado reconoce y protege a los ciudadanos sobre parcelas determinadas, está pobremente estructurado y administrado.[1] Es un régimen legal heredado del Código Napoleón, que privilegia la propiedad titulada e inscrita en el registro de instrumentos públicos y privados sobre la ocupación y posesión material, que ha beneficiado de preferencia la gran propiedad, pero que ha dejado por fuera los derechos de muchos pequeños campesinos, para quienes rigen los sistemas informales de posesión, herencia y transferencias de la tierra. La informalidad en la tenencia puede alcanzar hasta el 50% en zonas de minifundio tradicional y es mayor en regiones de colonización reciente.

En la gran propiedad existe otra forma de ilegalidad derivada de las formas de adquisición, sea con recursos de enriquecimiento ilícito como el narcotráfico y la corrupción, o por la ampliación de cercas sobre terrenos baldíos o de uso público, como los playones y ciénagas, o por el registro de propiedad formal sobre tierras colonizadas por campesinos sin derechos de propiedad, que han sido expulsados de la tierra por presiones violentas.

Este régimen de propiedad en su conjunto ha colapsado en las últimas tres décadas por el impacto de la violencia organizada y el narcotráfico sobre la estabilidad de los derechos de la población. La mayor concentración ilegal de la propiedad y el despojo de 430.000 familias campesinas desplazadas que se han refugiado en la indigencia urbana claman por una intervención reguladora de los derechos de propiedad de la tierra por el Estado, que clarifique los límites de la propiedad privada frente a los bienes de la nación, que extinga la propiedad adquirida con recursos ilícitos, recupere la tierra de manos de los usurpadores y sus testaferros y restituya los derechos de los desplazados.

5. El atraso y la debilidad institucional

Frente a estos enormes retos de política pública se encuentra un sistema institucional atrasado y disfuncional, que renunció al compromiso político de reformar la estructura de tenencia de la tierra del pacto del Frente Nacional, cuando se quiso afrontar el desplazamiento de dos millones de campesinos durante la violencia de mediados del siglo 19 con la creación del INCORA como gestor de la reforma agraria. Hoy, con el doble de desplazados del campo, el Estado no tiene instrumentos para ordenar la propiedad ni restituir las tierras despojadas. Los avances notorios en la recuperación de la seguridad y el control estatal del territorio no se han extendido a la recuperación del botín en tierras usurpadas por violencia a las víctimas ni al reconocimiento de los derechos de propiedad de los campesinos.

La mayor seguridad ha restablecido la confianza de los inversionistas y se ha capitalizado en una elevación notable de los precios de

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