TRABAJO UNIDAD II

ocalidades. En efecto, la historia reciente de las leyes participativas en América Latina no anuncian resultados tan auspiciosos, respecto de los que estamos planteando. La ley de participación popular Boliviana(1995) o la Ordenanza de Participación Ciudadana Chilena (1999), salvo excepciones, han transitado más bien por el camino de la burocratización signada por un exceso gobernabilidad estatal que por la apropiación de la gobernanza social o popular.

En el caso de Chile, la LOM, 18.695 establece un sistema de participación ciudadana en su título IV, que abre las posibilidades de estructurar innovativos sistemas de participación territorial. Sin embargo, a la fecha, de 355 Municipios aprox., sólo 4 o 5 se han atrevido a innovar respecto de la circular emanada de la Asociación Chilena de Municipalidades, que les fijaba un modelo mínimo de lo que la ley les permitía en función de tal normativa. Las Juntas de Vecinos, atomizadas y desarticuladas, desde su último Congreso de 1991, e impedidas de formar un movimiento nacional, no levantaron una voz respecto de esta oportunidad de establecer sistemas participativos comunales y de profundización de la democracia.

En definitiva pareciera ser, que establecer una municipalidad con sentido popular, requiere del establecimiento de un proceso de alianzas explicitas e implícitas de los actores y factores de innovación presentes en el interior del aparato estatal, tanto municipal como de los ministerios centrales, que siguen teniendo hoy día la posibilidad de modificar pautas y comportamientos de los municipios, para entender y establecer sus modos de relación con la comunidad.

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