Tierras mapuches y derechos

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Centro Ignaciano Universitario

Curso de Formación General Teológica

Iglesia y derechos humanos en Chile

Anuario de Derechos Humanos 2015, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Temas de Debate: Los recursos naturales de los pueblos indígenas y las empresas: estándares interamericanos y jurisprudencia chilena

Ensayo: 1er trabajo

Alumna: Daniela Olivares.

Profesor: Boris Hau

Pueblos indígenas, tierras ancestrales frente al avance capitalino.

Según el marco jurídico desarrollado por las Naciones Unidas, el estado es el responsable de velar por la protección de los DDHH y sancionar aquellas organizaciones no gubernamentales que atenten contra dichos derechos, por otra parte, también es rol y deber de las empresas el cuidar y respetar los Derechos Humanos.

En el artículo 15 del convenio n°169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 de la OIT al hablar de derechos humanos, también entran en juego los derechos de los pueblos indígenas a sus recursos naturales, en el sentido de proteger aquellas tierras pertenecientes a los pueblos originarios, junto con el deber del estado de castigar los posibles abusos cometidos por instituciones no  gubernamentales que intentasen dañar las tierras explotando los recursos naturales, por lo que esta medida integra a su vez una visión medioambientalista, la cual vela por que los indígenas puedan ser capaces de ser integrados e informados sobre el intento de posesión de tierras con el fin de interponer una demanda que impida la destrucción de dichos recursos.

En Chile han existido dos grandes casos de demandas por parte de los pueblos indígenas hacia empresas que faltaron a este derecho, encontrándonos con el caso de la comunidad Diaguita en la región de Antofagasta frente al “Proyecto minero el morro” y la comunidad Aymara de Cultane y al Área de Desarrollo Indígena “Jiwasa Orage” contra el proyecto minero “Sondaje de Prospección Paguanta”. Ambos proyectos mineros que afectaban directamente los recursos naturales en posesión de los pueblos indígenas, los cuales a su vez son vitales para su desenvolvimiento económico y cultural. Tras la imposición de ambas demandas el estado considero fue intransigente, dando respuestas poco tranquilizadoras hacia los pueblos indígenas, sobre todo respecto a los Diaguitas quienes recibieron respuestas poco esclarecedoras frente al caso. Esto habla de una falta de integración y profundización frente a temas políticos y jurídicos que sean efectivos frente a la defensa de las tierras consideradas territorios indígenas. En parte considero que el estado en su búsqueda de crecimiento económico, integrándose en una globalización cada vez más acelerada, ha ido dejando de lado cuestiones de índole de protección frente a un grupo minoritario, que no solo es un porcentaje bajo de la población chilena, sino que también son un símbolo de raíz ancestral y una conexión al pasado, que de una u otra forma tienen de enterrar. Menor no es el caso mapuche, donde la solución política no fue posible frente a la demanda, entre lo que se exige la devolución de las tierras que les fueron entregadas durante el gobierno del ex presidente Allende y que les fueron expropiadas durante el periodo de la dictadura. Pasada la dictadura de Pinochet, las tierras no les fueron devueltas ocasionando un sinfín de conflictos que si bien, no representan a la mayoría de los mapuches (puesto que si existen demandas pacificas) si alcanzan a generar acciones que son consideradas atentados terroristas por parte de los mapuches hacia el gobierno chileno y directamente frente a la institución de carabineros.

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