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GUADALAJARA (CNNMéxico) — La actuación de autoridades estatales y municipales de Jalisco en un caso de abuso sexual a una menor registrado en enero pasado fue objeto de varias recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).Una niña de entre 12 y 13 años dio a luz este año producto de un abuso sexual por parte de su padrastro. Cuando los médicos atendieron el parto, dieron aviso a la fiscalía general del estado de Jalisco y la menor fue resguardada en un albergue del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Sin embargo, aunque las autoridades intentaron resguardar la identidad e integridad de la menor, la pusieron bajo el resguardo del DIF días después de que salió del hospital donde nació su bebé.

La CEDHJ consideró que hubo errores por parte de los agentes del Ministerio Público que conocieron del caso, al poner en riesgo la integridad y la seguridad de la menor, “al no decretar su aseguramiento y permitir que continuara en el domicilio donde había sido abusada sexualmente y pretendieron justificarse interpretando un peritaje en el que, según ellos, no se configura el síndrome de niño maltratado”. Tras la investigación del caso, el padrastro de la joven confesó ante las autoridades ser el responsable del embarazo. El hombre identificado como Abundio García de 44 años cárcel.

Con respecto a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, la Comisión considera que violó los derechos de la menor al implantarle un anticonceptivo su dérmico para “protegerla” sin informarle las consecuencias físicas y mentales que tenía esta medida. Las autoridades de Salud tomaron esta medida luego de que la menor -que originalmente se creía tenía 9 años-, dio a luz y presumían que el embarazo pudo haber sido producto de una violación de alguien cercano a su entorno. Si bien en este caso existió un aparente consentimiento para que se le implantara un anticonceptivo su dérmico a la niña, no hubo una clara y adecuada consejería, al grado que fue ella misma -la menor- fue quien firmó como otorgante y no así quien ejerce su patria potestad -su madre-”, dijo el organismo en un comunicado.

CNNMéxico busco a la Secretaría de Salud de Jalisco para conocer su opinión respecto a la recomendación, pero hasta ahora no hubo respuesta. La maternidad de la niña, que supuestamente tenía 9 años causó alerta entre las autoridades en enero de este año, aunque después se supo con base en un estudio antropológico practicado por las autoridades a la menor, que s edad real era de entre 12 y 13 años u . La CIDH encontró inconsistencias en los procedimientos administrativos que se siguieron en el registro de la edad de la menor, quien al momento de convertirse en madre vivía en la localidad de Ixtlahucán de los Membrillos, a unos 40 minutos de Guadalajara, capital de Jalisco.

Durante las investigaciones se confirmó que el personal del Registro

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