Toma Del Palacio De Justicia.

TOMA PALACIO DE JUSTICIA

La Toma del Palacio de Justicia, en Bogotá, Colombia, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) a la sede del Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.3

Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos,4 entre ellos 11 magistrados. 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidos al no conocerse su paradero, número que se reduciría a 10 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común.5

Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, han sido detenidos dos coroneles y el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.6

En un video revelado en 2007 por Noticias Uno se puede observar que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas sale vivo del Palacio de Justicia a pesar de que un día más tarde se le encontraría muerto dentro del Palacio con una bala 9 mm en la cabeza disparada a contacto.

La toma ha sido calificada como holocausto y masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),7 por lo que a los hechos también se le denomina Holocausto del Palacio de Justicia.

FALSOS POSITIVOS

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11 junio 2011

La historia desconocida de los 'falsos positivos'

JUSTICIAEl pedido de la Fiscalía de que condenen a sesenta años de cárcel a los militares responsables de esos crímenes coincide con investigaciones recientes sobre lo que de verdad pasó.

Cuando el recién liberado dijo no reconocer al muchacho muerto, quedó claro que los ‘falsos positivos’ eran verdad

No hay duda de que el escándalo de los 'falsos positivos' fue el que más daño le hizo a la imagen del gobierno de Álvaro Uribe y a la del Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos. Sin embargo, aunque han transcurrido más de tres años desde que se destaparon esos hechos, no se han revelado aún tod

os los detalles de cómo el gobierno se enteró y de qué manejo interno le dio a esa crisis. Algunos investigadores han venido recopilando información sobre el tema, y han salido a flote elementos desconocidos interesantes.

Un dato nuevo es cuál fue el primer momento en que el gobierno tuvo conocimiento sobre los 'falsos positivos'. Eso ocurrió a mediados de 2007, cuando un funcionario de la Naciones Unidas les pidió al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al comandante de las Fuerzas Armadas, Freddy Padilla de León, reunirse con ellos en su despacho para transmitirles una información muy delicada. Los dos funcionarios se desplazaron a un despacho de ese organismo internacional donde el funcionario los esperaba con un soldado de la Brigada XIV de Puerto Berrío. Este había abandonado las filas del Ejército y había entrado en contacto con las Naciones Unidas con una historia que parecía tan aterradora como inverosímil. Según el militar, él pertenecía a una pequeña unidad casi secreta cuya función era conseguir muchachos de origen humilde, asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. Sin embargo, anotó que cuando se encontraba en licencia, esa misma unidad asesinó a su padre, sin saber del parentesco con él, y lo presentó como un 'falso positivo'. Cuando regresó a la brigada y se enteró de lo ocurrido, tomó la decisión de dejar el Ejército y contarle al mundo lo que estaba sucediendo.

Santos y Padilla de León quedaron estupefactos, pero también bastante incrédulos. No solo era difícil de creer que el Ejército estuviera matando muchachos inocentes, sino que una de las víctimas fuera el padre de uno de los miembros de la supuesta unidad en cuestión. Sin embargo, el Ejército decidió llevar a cabo una investigación administrativa, cuyas conclusiones preliminares fueron que lo que decía el soldado no era verdad y que su padre en realidad era un guerrillero. Un año antes, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Onu en Colombia había manifestadso su preocupación por los crecientes casos de desapariciones forzadas en el Ejército, pero el tema no había trascendido.

Algunos meses después de la reunión con Santos y Padilla, la entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, comenzó a registrar que once muchachos de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar, cuya desaparición

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