Venezuela Independentista

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA.

Primera etapa: Desde la post-independencia hasta 1902

El fin de la guerra de independencia trajo como consecuencias, entre otras, la ampliación de la dirigencia criolla. Dentro de la misma lograron insertarse algunos blancos, antes marginados y unos pocos pardos, antes excluidos, cuyos flamantes pergaminos probatorios de su ascenso social fueron obtenidos como premio de sus actuaciones en la milicia. Ganar vastas posesiones de tierras confería señorío a la gesta guerrera. José Antonio Páez y los hermanos Monagas fueron terrófagos, no salteadores de arcas. El período de los gobiernos liberales, sin contar el breve período de los gobiernos conservadores de Julián Castro y Páez (de 1858 a 1863), puede ser mejor comprendido si se distinguen en él dos momentos desde el punto de vista de la economía: el primero, de consolidación del latifundio y la guerra federal, entre 1848 y 1864, aproximadamente, el segundo, de modernización con deudas, que se extiende hasta 1928, en el cual se destacan los problemas relacionados con el financiamiento externo y el cobro compulsivo de la deuda.

Consolidación del latifundio

En el proceso de constitución de nuevos latifundios (1830 - 1858) hay una línea divisoria: el 10 de abril de 1848, cuando se aprobó la Ley sobre enajenación de Tierras Nacionales. En los catorce años anteriores la concentración de tierras había favorecido especialmente a los militares combatientes afortunados en la guerra de independencia. Después de 1848, durante diez años, la gestión personalista de los Monagas y su precaria alianza con el Partido Liberal le sirvió para convertirse -ellos y sus fieles- en grandes latifundistas.

La aprobación de la Ley tenía dos objetivos principales: uno de orden fiscal y agrícola: aportar recursos al fisco con la venta de las tierras y favorecer el crecimiento agrícola; el segundo: aumentar el número de empresarios rurales. Ninguno de los objetivos se cumplió; no se benefició el erario porque, sorprendentemente, los remates no tenían como base un precio mínimo. Además los ingresos en efectivo fueron magros, ya que se podía cancelar la compra de las tierras con vales de la deuda pública que se cotizaban muy por debajo de su valor nominal. No se amplió el número de empresarios agrícolas porque la inmensa cantidad de tierras se repartió entre muy pocos beneficiarios, entre ellos íntimos colaboradores del régimen.

La elevada deuda externa de entonces, la caída de la demanda de los productos de exportación y la extremada dependencia del exterior por parte de la economía venezolana produjo una situación crítica que agudizó las tensiones políticas y sociales que desembocaron en la Guerra Federal. Efectivamente el endeudamiento generalizado fue uno de los detonantes del malestar general que lanzó a los partidos políticos a la disputa del poder y a intentar restaurar las condiciones favorables para los intereses de los sectores sociales que los respaldaban. La abolición de la esclavitud agravó esta situación. El 24 de marzo de 1854 el general José Gregorio Monagas tomó la decisión como estrategia política de su campaña electoral elleccionaria. La aprobación de la Ley de Libertad de Contratos en 1848 y la aprobación de la Ley del Beneficio de Espera, o de Espera Obligatoria en 1849, legalizó entonces una moratoria universal y unilateral a todos los deudores incluyendo al Estado lo que originó reacciones de protesta de parte de los acreedores, en su mayoría gobiernos extranjeros que a la larga incidiría en el bloqueo y agresiones al país ocurrido entre el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La Guerra Federal (1859-1864) -con la existencia de dos gobiernos- desorganizó al Estado de tal forma que los compromisos tanto externos como internos dejaron de cancelarse. En plena guerra el general liberal Antonio Guzmán Blanco logró concretar para el gobierno del mariscal Juan Crisóstomo Falcón (17 de junio de 1863 al 28 de junio de 1868) un empréstito que alivió las tensiones del erario y obligó a los conservadores -el otro gobierno- a negociar. El resultado fueron los tratados de Coche, con los cuales se puso fin a la guerra y se formó la Asamblea constituyente que produjo la constitución de 1864.

La economía durante el Guzmancismo (1870-1888)

Fue una etapa marcadamente pro-capitalista. Las casas comerciales tenían bajo control las operaciones de comercialización y distribución de todo lo que se importaba y exportaba. Eran la llave de la economía. Disponían de transporte marítimo propio para las ventas y las compras en el exterior. Además eran aseguradoras de los bienes que mercadeaban, y para completar el círculo -o el cerrojo- recibían depósitos y en su gestión de intermediación financiera otorgaban préstamos, en efectivo o en especie, con libertad para fijar las tasas de interés. Como garantía real, los agricultores hipotecaban sus cosechas o propiedades. Sin los préstamos de las casas comerciales, los productores agropecuarios no hubieran podido contar, en muchos casos, con el capital de trabajo suficiente y, una vez levantada la cosecha -en una agricultura orientada hacia afuera- no hubieran logrado negociarla, transportarla y colocarla en los mercados internacionales.

Las casas comerciales, además de gerenciar los ingresos de las aduanas y de fungir como tesorería del Estado, prestaban a éste importantes servicios con los acreedores extranjeros. Eran sus contactos en Caracas y recababan los fondos para el pago del capital e intereses de la deuda externa. Comerciantes como los de la Casa Boulton eran, simultáneamente, una suerte de cónsules de los prestamistas e inversionistas extranjeros, y asesores y gestores del gobierno. Alta era su credibilidad a ambos lados del océano. Para el año 1883 tocaba ya su fin el gobierno de Guzmán Blanco, cuando se dio la primera concesión para la explotación del lago de asfalto de Guanoco, en el oriente del país. Seguramente Guzmán Blanco no pudo intuir lo que esto significaría para Venezuela. Tal vez nadie pudo sospecharlo.

Para el 30 de junio de 1873, la deuda pública externa venezolana era de 8.608.420 libra esterlinas, que se servía con un porcentaje prefijado de la renta aduanera. El 24 de enero de 1880 se concretó un convenio entre los tenedores de bonos de la deuda externa venezolana y el gobierno. En esta negociación intervino también como agente de los prestamistas, H.L. Boulton. En algunas operaciones se consiguió la recompra de bonos de la deuda al 34 y 35%. Desde 1880 Venezuela desatendió nuevamente el servicio de la deuda: no pagó principal ni intereses de la deuda interna ni externa. La moratoria general de pagos de la deuda continuó, de modo que para 1902 las obligaciones

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