Violencia Juveni

Se convirtió en un grave problema social la delincuencia juvenil en Colombia. Así como se ha proliferado la violencia contra los menores, también se ha venido aumentando la comisión del delito por parte de éstos, hasta el punto que la sociedad se sació por los hechos y considera que el tratamiento que se da a los infractores de la ley no corresponde al daño que ellos producen. A pesar de que existe una norma especial para la protección de la población integrada por los niños y niñas (personas entre 0 y 12 años) y los adolescentes (entre 12 y 18 años) que está consagrada en la Ley 1098 de 2006, ésta ha resultado insuficiente en materia penal para castigar a los adolescentes cuando incurren en delitos y no son juzgados como adultos.

Los datos del Consejo Superior de la Judicatura presentan de manera escueta y llana lo grave del asunto. Entre los delitos más comunes en que incurren los adolescentes se encuentran: el hurto que representa el 40.2% del total, el tráfico de estupefacientes el 29%, el homicidio el 4.8%, las lesiones personales el 2%, el acceso abusivo con menores de edad el 1.6%, la violencia intrafamiliar el 0.9% y entre otros delitos, el porte ilegal de armas y la inducción de menores de edad a la infracción de la ley el 21.5%. La gravedad de lo que está sucediendo, ha movilizado tanto a la sociedad como al gobierno nacional con miras a mejorar la actual legislación.

La delicada situación, dio lugar a que curse en el Congreso de la República el proyecto de ley 164 de 2010, el cual introduce modificaciones a los códigos penal, de procedimiento penal y de la infancia y de la adolescencia. El acto pretende enderezar los defectos de la actual legislación que en vez de reprimir el delito abre el camino a los jóvenes menores de dieciocho años. Es menester observar que la modificación a la ley debe incluir, además de los cambios en materia de tratamiento de penas de los jóvenes, medidas para la eficiencia del sistema judicial, creación de más oportunidades educativas y definición de políticas sociales claras a cargo del Estado. Como el proyecto es mudo en el escenario familiar, es importante fortalecer la responsabilidad de la familia, como lugar donde nace y se desarrolla la personalidad del menor y se lleva a cabo el proceso de socialización. Lo cual es un tema capital que no debería excluirse.

El trámite de este proyecto de ley no va a ser muy fácil, pues así como tiene defensores también hay detractores que ponen resistencia a su trámite, argumentando una posible violación a la convención sobre derechos del niño, a la falta de centros de reclusión o rehabilitación para los menores infractores y a la escasez de recursos públicos para atender esta finalidad. Pero se tiene la confianza de que es posible sobreponerse a los obstáculos que podrían frenar el curso del proyecto de ley.

Como es el gobierno nacional el interesado

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