Vínculos Entre La Inmigración Legal E Ilegal

El declive demográfico y el envejecimiento de la población en la Unión Europea (UE) han llevado a las instituciones y a los Estados miembros a revisar sus políticas en materia de inmigración. El desarrollo de las migraciones económicas es una de las soluciones propuestas para responder a las necesidades del mercado laboral. A través de este estudio, la Comisión elabora las medidas existentes en materia de inmigración legal. Analiza a continuación sus efectos sobre la inmigración ilegal y emite una serie de propuestas que deben establecerse con el fin de administrar eficazmente los flujos de inmigración legal e ilegal.

ACTO.- Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 4 de junio de 2004, titulada «Estudio sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal» [COM (2004) 412 final - no publicada en el Diario Oficial].

SÍNTESIS.- Este estudio de la Comisión tiene por objetivo analizar qué efecto puede tener la instauración de una política de inmigración legal sobre los flujos migratorios ilegales y sobre la cooperación con los terceros países en materia de lucha contra la inmigración clandestina. El estudio describe, en primer lugar, las medidas existentes para gestionar la inmigración legal y analiza a continuación la relación entre los flujos migratorios legales e ilegales. Por último, presenta las propuestas de la Comisión en materia de gestión de la inmigración.

Gestión actual de la inmigración legal.- La admisión de nacionales de los países terceros a efectos de empleo se lleva a cabo de manera diferente en cada Estado miembro, ya que es regulada por su legislación nacional. Estas legislaciones se elaboraron en función de las distintas tendencias migratorias. En la actualidad, los procedimientos y las políticas tienen por objeto responder a las necesidades del mercado laboral protegiendo al mismo tiempo los intereses de la mano de obra nacional. Los nacionales de los países terceros que quieren trabajar en la UE deben cumplir algunos criterios. Por ejemplo, deben disponer de una propuesta de empleo, recursos financieros suficientes y un seguro de enfermedad para obtener un permiso de residencia temporal. En algunos Estados miembros, procedimientos acelerados o preferenciales atraen a trabajadores altamente cualificados en sectores específicos, como el de la salud, pero también trabajadores poco cualificados. El estudio realizado por la Comisión pone de manifiesto que es difícil evaluar los flujos de emigrantes legales, por una parte, y prever las necesidades del mercado laboral, por otra. Aunque la calidad de las estadísticas comunitarias ha mejorado, las fuentes, las definiciones, la recogida de datos y las prácticas siguen siendo diferentes según los Estados miembros. El informe considera sin embargo que las migraciones a efectos de empleo se refieren actualmente a menos del 15% de las personas admitidas en los Estados miembros. La mayoría de los nacionales de los países terceros admitidos legalmente en la UE se benefician de una reagrupación familiar o de una protección sanitaria. En cuanto a las previsiones globales en materia de empleo, se prevén carencias de mano de obra en la UE después de 2010. En su Comunicación sobre inmigración, integración y empleo, la Comisión reconoce que la inmigración será cada vez más necesaria en los próximos años para responder a las necesidades del mercado laboral europeo. Pero añade que la inmigración no permitirá solucionar los problemas causados por el envejecimiento de la población para los cuales será necesario poner en marcha una reforma estructural. Con el fin de admitir en su territorio nacionales de los países terceros, varios Estados miembros disponen de acuerdos bilaterales en materia de empleo. Estos acuerdos tienen por objetivo responder a las carencias de mano de obra. Pero pueden también firmarse para mejorar las relaciones con los terceros países, reforzar los vínculos históricos y culturales, mejorar la gestión de los flujos migratorios o luchar contra la inmigración clandestina. Los acuerdos bilaterales firmados estos últimos años se han referido generalmente a la admisión de trabajadores estacionales o temporeros empleados en los sectores de la agricultura, la construcción, el turismo y la restauración. España, por ejemplo, ha firmado acuerdos con seis terceros países (Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana y Rumania) de donde proceden tradicionalmente los flujos de inmigración ilegal. Estos acuerdos permitieron reforzar la cooperación y la lucha contra la inmigración ilegal. Otra manera de controlar la inmigración legal consiste en recurrir a un sistema de cuotas. En este caso, son los Gobiernos los que fijan cuotas anuales después de haber consultado a las empresas, las organizaciones patronales, los sindicatos y las Agencias de empleo. Los Estados miembros establecen sus cuotas por sector de actividad, por región geográfica o por país de origen. El estudio de la Comisión precisa que muchos Estados miembros critican la falta de flexibilidad de este sistema y temen que limiten su capacidad para responder a las necesidades del mercado laboral. Según la Comisión, las cuotas preferenciales pueden facilitar la cooperación con algunos países terceros a corto plazo, pero pueden también obstaculizar la cooperación con otros países terceros a largo plazo, ya que tienen un efecto discriminatorio. Algunos Estados miembros establecen también medidas de regularización. La frecuencia de estas operaciones ha aumentado desde mediados de los 90. Su utilización varía sin embargo de un

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