BIBLIOGRAFIAS

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Reseña histórica del Banco Central del Ecuador

Un Banco Central con valores fundacionales de la Revolución Juliana La Revolución Juliana del 9 de julio de 1925 tiene el mérito de iniciar el proceso de fundación de un banco nacional emisor1 , hacer frente a los gobiernos plutocráticos del momento e imponer los intereses de los seres humanos por sobre los del capital, para salir de la aguda crisis que imperaba en el país.

En opinión de Luis Napoleón Dillon, fue una crisis causada por la inconvertibilidad del billete2 , las emisiones sin respaldo, la inflación, la especulación, el abuso del crédito, el desnivel de la balanza de pagos, la falta de control oficial sobre los bancos y la anarquía y rivalidad bancaria, que debía enfrentarse saneando la moneda y regularizando el cambio. Bajo estos valores fundacionales es que se crea el Banco Central del Ecuador –BCE-, dentro de un abigarrado conjunto de reformas de la economía ecuatoriana propugnadas por los militares y civiles congregados alrededor de las ideas julianas y venciendo la inercia de algunos grupos a quienes no les interesaba progresos de esta índole.

Como paso intermedio para la fundación del BCE, el 26 de junio de 1926 se crea la Caja Central de Emisión y Amortización, organismo encargado de reconocer oficialmente el monto total de medios de pago y de autorizar provisionalmente la circulación de billetes. Además, el 18 de octubre de 1926 se dispone que los bancos autorizados a emitir billetes entreguen a la Caja Central de Emisión y Amortización determinadas cantidades de oro y plata. Mientras tanto, la misión presidida por Edwin. W. Kemmerer, ilustre economista que venía precedido de una gran fama fruto de trabajos similares realizados en otros países a nivel mundial, preparaba un extenso conjunto de medidas económicas modernizantes. Dentro de ellas, el 11 de febrero de 1927 la Misión Kemmerer pone a consideración del Gobierno el Proyecto de Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador. En esa propuesta se creaba al BCE como una institución autorizada a emitir dinero, redescontar a tasa fija, constituirse en depositaria del gobierno y de los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y fungir de agente fiscal. Es así como el 4 de marzo de 1927 el Presidente Isidro Ayora suscribe la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador3 , la escritura pública de constitución del BCE se emite el 9 de julio del mismo año (segundo aniversario de la Revolución Juliana) y el BCE inicia operaciones el 10 de agosto de 1927, fecha considerada como la de su fundación.

Estabilizar y unificar la moneda fueron los objetivos iniciales del BCE. Para lograrlo, se valió del “patrón oro de cambio”4 , régimen monetario que fijaba el precio del sucre en términos de oro; la obligación básica del BCE consistía en mantener fijo ese precio.

Esta convertibilidad forzosa coincide con la Gran Depresión de octubre de 1929, que obliga a decretar una moratoria de pagos el 8 de febrero de 1932. A partir de entonces, se entra en una política de gasto fiscal deficitario y crédito gubernamental de parte del BCE. Bajo este contexto, se recurre al consultor mexicano Manuel Gómez Morín para reformar la Ley del Banco Central y la normativa monetaria relacionada. En la visión del experto, la autoridad monetaria debía canalizar el crédito hacia los sectores de la economía considerados críticos en el proceso de desarrollo. Junto a Víctor Emilio Estrada, conspicuo banquero guayaquileño, M. Gómez Morín aconseja asignar al BCE la función de eje en la determinación de los tipos de préstamos ofrecidos por la banca privada al sector productivo mediante la modificación de la tasa de descuento (1937). Las dificultades para ejecutar las recomendaciones de la Comisión Gómez Morín fueron inmensas. No obstante, a partir de entonces las relaciones entre el gobierno y la banca se vieron profundamente modificadas.

Un Banco Central para el desarrollo

Concluida la Segunda Guerra Mundial, un nuevo repunte de la inflación, junto a graves problemas de balanza de pagos, hace necesaria –una vez más- la comparecencia de técnicos extranjeros. En 1947 el BCE llama a Robert Triffin, ilustre economista keynesiano5 experto del Sistema de Reserva Federal de los EE.UU. Triffin propone reemplazar la Ley Orgánica del Banco Central por la Ley de Cambios Internacionales (1947) y la Ley de Régimen Monetario (1948). La Ley de Régimen Monetario de 1948 otorga al BCE el rol de gestor de la liquidez para financiar el desarrollo del país (“Banca Central de desarrollo”), rol que permitió a la institución aportar a la consolidación de la economía nacional durante el período de los Treinta Gloriosos6, el de mayor estabilidad monetaria en la historia económica del Ecuador. Además, la Ley de Régimen Monetario de 1948 consagra nuevos conceptos: un Directorio del BCE en el que participa el Gobierno (lo que implica su corresponsabilidad en el diseño de la política monetaria); la potestad de devaluar la moneda con fines económicos; además, para ejecutar políticas anticíclicas, el BCE tiene la autorización de conferir préstamos al Estado y al sector productivo; y, finalmente, un sistema contable que le permita asumir las nuevas funciones. Este régimen monetario enfrentó con éxito, por más de tres décadas, una serie de perturbaciones económicas.

>La Banca Central de las “dos décadas perdidas”

Las “dos décadas perdidas” inician con la crisis de la deuda externa desatada en 1981, luego del incremento internacional de las tasas de interés de 19797. A los desequilibrios de la economía, los déficits fiscales, la devaluación monetaria y la inflación desbordada, se sumaron presiones internas del sector privado, de grupos bancarios, empresariales y familias poderosas del país por que el Estado solvente los problemas de endeudamiento existentes. Como resultado, tuvieron lugar procesos de renegociación de la deuda externa y de socialización de la deuda del sector privado nacional a través de la denominada “Sucretización de la deuda privada”.

Adicionalmente, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se emprende un nuevo cambio para reordenar el conjunto de la economía e intentar retomar la senda de crecimiento. Con este propósito y bajo un nuevo paradigma económico8, en mayo de 1992 se expide la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. Esta última busca darle “autonomía” al BCE al alejarlo de designaciones y decisiones políticas en el caso de nombramiento de autoridades por parte del gobierno; restringir el uso de instrumentos directos y dar mayor importancia a los instrumentos indirectos para orientar el tipo de cambio, las tasas de interés y así manejar niveles estables de inflación; y conculcar la potestad del

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