Historias

El cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho, oficio o cargo constituye una causa supra penal de justificación, en la medida en que para estimar o no su concurrencia hay que atender a lo dispuesto en otras ramas del ordenamiento jurídico (donde se regula el catálogo de derechos y deberes, así como lo relativo al ejercicio de determinados oficios o cargos). En virtud de la unidad del ordenamiento jurídico, si una conducta está reconocida jurídicamente como deber vinculante o derecho subjetivo, no puede ser al mismo tiempo penalmente antijurídica. Esta causa de justificación "genérica" puede presentarse en las siguientes modalidades:

• Cumplimiento de un deber: dicho deber ha de ser jurídico, esto es, regulado por el ordenamiento. El supuesto más frecuente es el del uso de la fuerza por los cuerpos y fuerzas de seguridad. La Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otra normativa aplicable establecen los requisitos que han de concurrir para el uso de la fuerza (por ejemplo, obligación de ponderar la necesidad de usarla, proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, uso de armas sólo en supuestos de peligro para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana, etc.).

• Ejercicio legítimo de un derecho: igualmente ha de estar reconocido por el ordenamiento jurídico y su ejercicio ha de estar justificado, de acuerdo con la ponderación de intereses en juego (por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión no justifica los ataques graves al honor; el antiguo y ya derogado "derecho de corrección" de los padres no justificaba las agresiones físicas y psicológicas inflingidas a sus hijos).

• Ejercicio legítimo de un oficio o cargo: determinadas profesiones comportan un haz de derechos y deberes cuyo ejercicio conjunto puede dar lugar a una causa de justificación (por ejemplo la profesión de abogado o de periodista).

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