Instancias

Instancias ante las cuales se presentó el caso.

Con la promulgación en los Estados Unidos de una ley para la protección de los mamíferos marinos, se dio comienzo en ese país al embargo de las importaciones de atún de aleta amarilla. Entre sus disposiciones, esta ley fija normas para la protección de los delfines, con un límite máximo de captura para la flota nacional y para los barcos que pescan atún de aleta amarilla en el Océano Pacífico tropical oriental (GATT)

Cuatro países se vieron afectados por esta ley: México y Venezuela en forma directa, Costa Rica y Panamá como intermediarios. Estados Unidos sostenía que los países como México y Venezuela estaban ocasionando la muerte de numerosos delfines.

En 1991, a pedido de México, se estableció en el GATT un Grupo Especial para estudiar el embargo impuesto por los Estados Unidos a las importaciones de atún, medida que era incompatible con las disposiciones del GATT. Los representantes de Estados Unidos argumentaban defendiendo lo que se había firmado, diciendo que estaba autorizada la imposición de restricciones en la frontera para proteger a los delfines.

No obstante, el Grupo Especial del GATT concluyó que el embargo aplicado por los Estados Unidos era contrario a lo que estaban diciendo, ya que este acuerdo trataba la comparación debía hacerse entre productos del país exportador y del país importador y no entre reglamentos de producción de esos países.

México después de esto presento otra queja al Grupo Especial de Solución de Diferencias, esta vez porque en los Estados Unidos se estaba poniendo una etiqueta que decía "dolphin-safe" en los envases de atún nacional, con el supuesto propósito, amparado en la ley de información del consumidor, de proteger estos animales.

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