La política criminal

En una nueva reunión del ciclo de conferencias de filosofía del derecho, el 12 de septiembre último disertó Alberto Binder. La actividad fue organizada conjuntamente por la Maestría y el Departamento de Filosofía del Derecho.

Al tomar la palabra, Binder afirmó que uno de los principales problemas en la actualidad es enfrentar el fenómeno criminal en una sociedad democrática erguida bajo formas republicanas. “No tenemos muy buenas ideas acerca de cómo resolver esto. Esta falta de ideas, esta falta de ámbitos de discusión de ideas, luego es remplazado por distintas costumbres”, remarcó. Y una de estas costumbres consiste en no considerar en el análisis cómo una sociedad que se dice democrática debiera enfrentar la criminalidad. Así, “se cae en formas y diseños de políticas meramente ocurrentes, de ensayo, de repeticiones, de un gran desorden en la ejecución de la política”, subrayó el orador.

Para Binder la política criminal se encuentra hoy atrapada en un universo conceptual que impide la elaboración de ideas, de planes, de métodos de evaluación como para lograr una mayor eficacia. El derecho penal arrastra desde hace un siglo una fuerte indeterminación acerca de que entiende por política criminal, especialmente en el plano en que esta debiera moverse. “A veces se habla de política criminal como, correctamente creo yo que es, el sector de la política pública que se dedica a administrar y organizar los instrumentos violentos del Estado, cuyo centro indubitable es el uso de la cárcel”, enseñó. Por otro lado, hay quienes consideran a la política criminal como el deber ser del derecho penal, es decir, como el mejor derecho penal posible.

En términos económicos, la política criminal moviliza grandes cantidades de fondos públicos. Frente a esto, llama la atención el escaso desarrollo de los conocimientos y saberes que existen alrededor de cómo impulsar una política criminal eficiente. Lo antes mencionado es de una extrema relevancia debido a que mayores conocimientos en la temática redundaran en poder enfrentar el fenómeno de la criminalidad, vinculado al fenómeno de la violencia en una sociedad, sin descuidar el respeto a los principios democráticos. Al momento de disponerse a iniciar la construcción de un saber sobre la política criminal, un saber útil para quienes tengan que diseñar, ejecutar, evaluar la política criminal, uno se encuentra con que ya existen otras disciplinas que han pretendido ocupar ese lugar. Una de estas disciplinas es la dogmática penal, que se caracteriza por poseer un “pretendido cariz de una rigurosidad, que es bastante falso y que tiene mucho más que ver con los modelos viejos de la escolástica tardía”. La dogmática penal al buscar orientar la política criminal genera problemas ya que esta tiene por pretensión la construcción de un saber racional presumiendo ámbitos en donde reina la armonía y desconociendo, de este modo, la existencia de permanentes elementos antagónicos. “Me pone un obstáculo para la construcción

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