Leyes de la nobleza

que desde tiempos medievales tenían los señores a monopolizar ciertos recursos – caza, pesca, molinos, etc.- para cuyo disfrute los vasallos debían pagar otros censos o tributos. Las autoridades políticas y administrativas empezarían a ser nombradas según la ley por el Estado y ejercerían sus funciones en nombre de la nación de manera parecida a los funcionarios de realengo, o sea, de las tierras y lugares del rey.

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El decreto distinguía claramente las prerrogativas jurisdiccionales de los derechos de propiedad que proceden del señorío territorial o solariego. Estos derechos de propiedad eran reconocidos y mantenidos, pasando sus antiguos titulares a ser propietarios de pleno derecho de esos bienes. El sistema señorial fue restablecido por Fernando VII en 1814, nuevamente abolido en 1820 y repuesto en 1823. Finalmente, a partir de la muerte de Fernando VII y en plena guerra civil carlista fue definitivamente superado. Cuando se abolieron definitivamente los señoríos en 1837, surgieron numerosos problemas. Muchos señores jurisdiccionales alegaban que también eran titulares del señorío territorial y, por tanto, exigían mantener la propiedad de los territorios y entraron en conflicto con los vecinos de los pueblos. Así, se produjeron muchos pleitos que en la mayoría de los casos se saldaron a favor de los antiguos señores, por la influencia de estos en los juzgados. De manera que la mayor parte de la nobleza, perdió sus títulos y honores, pero mantuvo y vio reconocidas sus propiedades, ahora ya como terratenientes.

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