María Fernanda Campo

La ley 30, que reforma una ley que data de 1992, es aquella que regula la educación superior en Colombia; el motivo principal de las protestas que hemos visto en nuestras universidades públicas es porque esta ley contempla, entre otros muchos aspectos la inversión del sector privado en las universidades públicas y la creación de centros educativos estatales con ánimo de lucro, es decir, la entrada de capital de empresas privadas a las universidades públicas, como un proceso de oxigenación por parte del gobierno nacional; lo cual pone en riesgo, la autonomía y la autogestión de las universidades públicas.

Para la ministra de educación, María Fernanda Campo, esta ley hará una transformación necesaria y productiva para el país porque contempla la ampliación de cupos para que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno, en los próximos cuatro años, la cobertura en educación superior pase del 37 al 50 por ciento, y como el mejoramiento de oferta educativa y el aumento en el acceso a la educación superior, implica inversiones que el estado no puede costear y los recursos públicos nunca serán suficientes; por esto, se tiene que ser creativos y buscar nuevas fuentes como las que se plantean en esta reforma.

Los cálculos del Ministerio contemplan un aumento de 2,4 billones de pesos en el presupuesto para educación superior, de los cuales, 1,2 provendrían de los fondos del Estado; destinados a las universidades públicas y a créditos educativos, mientras que los recursos restantes tendrían origen en las alianzas con el sector privado; lo cual a mi criterio pone en riesgo, la autonomía y la autogestión de las universidades públicas; y además se tendrá como resultado de la reforma un sistema universitario costoso, inequitativo y de baja calidad.

El presidente Juan Manuel Santos dice que esta reforma a dicha ley lo que busca es aumentar los recursos de las universidades, promover la calidad y la investigación; transformar la educación superior para hacerla pertinente y competitiva y, finalmente, promover una gestión administrativa basada en la transparencia y que para ello lo que se quiere es una discusión amplia y publica para que los sectores involucrados participen de la propuesta, a partir de la discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales; sin embargo, mediante un comunicado, los sectores agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE) manifestaron su inconformidad, por considerar que es apenas natural involucrar, desde su formulación, a los actores institucionales y sociales que le dan vida y sentido a la Educación Superior Pública.

Por esta razón es tan criticada entre directivos, profesores, y estudiantes de la universidad pública de todo el país ya que para nosotros los implicados es el propio gobierno el que está condenando a la universidad pública a no crecer, está limitando los procesos de fortalecimiento y consolidación de la calidad y no

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