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DE NUEVO ANTE EL PROBLEMA LEGAL DEL ABORTO.

DE NUEVO ANTE EL PROBLEMA LEGAL DEL ABORTO.

Cualquier aproximación desapasionada que se pretenda hacer de esta cuestión tiene que partir del hecho de que estamos ante un acto traumático, como es la interrupción forzosa de un embarazo, que estoy absolutamente seguro ninguna mujer querría tener que llegar a realizar en su vida. Esta es una realidad tan tozuda que ningún legislador responsable puede desconocer. Por eso, el progresivo tratamiento jurídico-legal del aborto en los ordenamientos democráticos se ha ido alejando de una contemplación preferentemente penal, es decir, de una visión exclusivamente represiva que define como delito cualquier supuesto de aborto provocado, para aproximarnos a una legislación preventiva sobre este acto individual que encierra la interrupción voluntaria del embarazo. Un tratamiento regulatorio que, sin embargo, en nuestro derecho aún no se ha conseguido de una manera que pueda ser asimilada plenamente a lo que sucede en el resto de los países de la Unión Europea. Hay que recordar que el Parlamento europeo aprobó en 2001 una Resolución (2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contenía así un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual; y que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.

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