Responsabilidad

Durante mucho tiempo el ejercicio puramente liberal monopolizó la profesión, quedando la mayoría de los problemas encomendados al libre entendimiento entre odontólogos y pacientes, y no siendo por tanto muy necesaria la promulgación de disposiciones legales que regulasen este ejercicio.

De cualquier modo, la responsabilidad profesional se ha exigido, en general, a todos los profesionales a lo largo de la historia del Derecho, y así ha ocurrido en la Medicina y Odontología, ya que existen precedentes históricos que condenaban a estos profesionales como consecuencia de daños originados a los pacientes, daños derivados de la comisión de faltas profesionales.

Es necesario que existan mecanismos de control que evalúen la calidad asistencial mínima requerida para nuestra profesión, pues un fallo podría originar una delimitación de responsabilidades, con las desagradables consecuencias que ello plantea, no sólo hacia el profesional, sino también en la sociedad, al generar desconfianza en los sistemas de salud. La calidad del tratamiento debe ser la preocupación más importante del profesional.

El concepto de responsabilidad conlleva la necesidad de asumir los resultados de la acción profesional obligando a reparar y resarcir al paciente si se ha causado perjuicio.

En principio cabe distinguir la responsabilidad moral y la responsabilidad legal. La primera representa la relación entre la norma moral y las actuaciones de cada uno de los profesionales, lo que supone un problema complejo y de gran dificultad para su análisis ya que guarda estrecha relación con el pensamiento y conciencia de cada profesional.

Frente a la anterior está la responsabilidad legal, es decir, la obligación de reparar los daños causados, derivados de la comisión de faltas en el ejercicio de la profesión.

La responsabilidad jurídica exigida al profesional sanitario puede ser sistematizada en cinco amplios grupos: penal, civil, administrativa, laboral y colegial o corporativa. En caso del profesional odontólogo y estomatólogo, en la inmensa mayoría de las situaciones en que se les pide responsabilidad, se trata de responsabilidad civil o penal, teniendo la otra menos relevancia.

Se viene observando por la generalidad de los autores el constante incremento de los litigios en los que, de una manera u otra, se debaten cuestiones relacionadas con el consentimiento informado, que si hace quince años era cuestión que había pasado prácticamente desapercibida, en la actualidad se discute en un porcentaje aproximado al 80% de las reclamaciones. No cabe duda de que el ejercicio de la actividad sanitaria genera una serie de riesgos. El tratamiento de los pacientes requiere de una atención individualizada, ya que cada caso es diferente a los demás. De una relación profesional-paciente paternalista, hemos pasado a una situación contractual donde el paciente considera al primero como un simple "proveedor

...