Simon Bolivar

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) comenzó incluyendo la reforma administrativa del sector público como parte del cambio institucional delineado en el VIII Plan de la Nación. Según CORDIPLAN (1990:86-87), este era entonces un sector “burocratizado, descoordinado, ineficaz y carente de controles efectivos”, que había crecido “por agregación de partes, sin un plan coherente de Desarrollo”, propiciando “el desarrollo de factores que favorecen la expansión de la corrupción administrativa” sin lograr la prestación oportuna de servicios públicos de buena calidad. Para transformarlo en un sector “dinámico, confiable y responsable, capaz de reaccionar eficientemente a las exigencias del desarrollo económico y social”, el gobierno anunció la redefinición de su “grado de actuación reduciendo especialmente su ámbito empresarial” y aprobando la descentralización y desconcentración política y administrativa. Además, su estrategia incluía “la modernización de la Dirección Superior del Estado, la Profesionalización de la gerencia pública, la adecuación del control legislativo sobre la gestión pública, la liberación de las trabas administrativas y la reducción de la discrecionalidad de los funcionarios”, medidas previamente recomendadas (entre otras) por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), nombrada por Jaime Lucinchi durante el gobierno anterior (1984-1988)

CORDIPLAN (1990:86) resumía su propósito en una frase: emprender “una transformación profunda y radical de las estructuras funcionales y orgánicas que lo conforman, para maximizar la eficiencia y eficacia en su gestión”. Sin embargo, uno de los cinco lineamientos del Programa de Estabilización y Reactivación de la Economía presentado por Rafael Caldera al iniciar su segundo mandato (1994-1998) todavía incluía una “reforma integral del Estado”, añadiendo una “inaplazable Reforma de la Constitución y de la Administración de Justicia” [Caldera (1995: IV)]. Aunque la nueva Constitución fue el primer objetivo del gobierno de Hugo Chávez (1999- ), radicalmente enfrentado a sus predecesores, la Asamblea Nacional Constituyente que la redactó tuvo en cuenta buena parte de las ideas que habían inspirado la reforma administrativa propuesta en el Gran Viraje de 1989. A decir verdad, el propósito de “reformar” y “modernizar” el Estado no era nuevo en el país. A pesar de la existencia de la Oficina de Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) desde 1958 y de Oficinas Regionales (ORCOPLAN) desde 1969, Rafael Caldera consideró necesario nombrar una Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración Pública durante su primer gobierno (1969-1973). Según una cita de Purroy (1991:94), la Comisión presentó un Informe en 1972 donde señalaba que la administración sufría de “dispersión, superposición y duplicidad de funciones cuando no situaciones de abierta contradicción y obstrucción”, debido en parte a la creación de nuevas estructuras administrativas paralelas a las tradicionales, a la multiplicación de entes descentralizados que intentaban corregir las deficiencias de la administración central y a la ausencia de planificación efectiva. El mismo año, según Llambi (1998), banqueros y empresarios privados en torno al llamado proyecto Tinoco comenzaron a reclamar la “modernización” del Estado y la aplicación de la “lógica del mercado” a sus agencias y empresas. La Constitución de 1999 replanteó la tarea.

Nuevas leyes se han aprobado desde entonces, y una nueva Comisión Presidencial para la Transformación de la Administración Pública Nacional fue nombrada en septiembre de 2002 con el propósito, entre otros, de “diseñar el nuevo modelo de Administración Pública Nacional”. Cinco años después, antes de presentar una propuesta de Reforma Constitucional, el Presidente anunció una nueva “transformación sustancial de los principios y lineamientos de funcionamiento y organización de la Administración Pública; del sistema de planificación y de articulación de la acción

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