ALEMANIA

ALEMANIA

La experiencia alemana de planeación se vio conjugada en gran parte del periodo en el que se aplicó ésta con una política económica llamada “economía social de mercado”.

Esta escuela distinguió dos tipos básicos de economía; la dirigida centralmente y la economía de cambio; la primera la se describe como un sistema de subordinación al sistema planificador, en cambio, el segundo se entiende como un sistema de coordinación de los planes individuales que se conglomeraban por medio de precios y valores de cambio.

Desarrollándose en una economía de cambio, en la que el mercado prevalece y de él emana la “competencia completa”. Esta competencia completa se debe a un orden competitivo, este orden se da por vía del intervencionismo, pero no se trata de una intervención inoperante, sino que éste se dedique a modular de manera adecuada la competencia

Señalaban que la intervención del Estado en una economía de mercado puede ser congruente siempre y cuando no intervengan de forma estructural en la misma y no perturbe el mecanismo de precios

Adoptando estas posturas económicas, aceptando la participación del Estado, estableciendo la competencia tan ampliamente como fuera posible, manteniendo de forma invariable la política económica y aplicando el principio de la estabilidad de precios

Pero en la realidad, después de que se le devuelva el control de la política económica a los alemanes en 1948, se encontraron con una división de su país, que se volvía indispensable para el posterior desarrollo conjunto, pues la parte oriental proveía al país de los alimentos necesarios. Pero no sólo la cuestión territorial estuvo fragmentada, la industria estaba desmantelada, las materias primas eran escasas, los trasportes estaban desarticulados y la producción y las importaciones eran la antítesis del orden competitivo ideado por los neoliberales alemanes

La batalla contra las aspiraciones monopolista en la economía es una constante en el

intervencionismo estatal, no sólo por sus repercusiones económicas sino por que forjan

grupos de presión e intereses que no son benévolos con el poder político y afectan la

cultura de la nación.

La ley de monopolios de 1965 se utilizó para ayudar a las empresas menores, pero aparte

de esos esfuerzos legislativos para apuntalar el orden económico, se desnacionalizaron las

empresas propiedad del Estado con el fin de distribuir en una más amplia franja

poblacional la propiedad de las mismas. Las acciones resultado de esta desnacionalización

de las grandes empresas metalúrgicas y automovilistas se pusieron a la venta al público en

general y se obsequiaron facilidades para ser pagadas en abonos, y los solicitantes

estuvieron limitados a adquirir de 2 a 3 acciones.

Esta situación derivó en un control que los bancos ejercieron sobre una buena parte de las

empresas, ya que formaban parte del consejo de administración de éstas, para representar

inversores menores y terceras personas involucradas en el desarrollo de las empresas. Sin

embargo, esto no resultó del todo cierto, si bien repercutió correctamente esta política en

bloque dirigido hacia el desarrollo económico, la principal apuesta del conjunto financiero

se baso en el beneficio que obtenía de una buena administración empresarial, y no

solamente por un interés particular hacia la una distribución de la riqueza o de un

desarrollo acelerado de la industria. Esta experiencia fue en parte un ejemplo de lucha del

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Gobierno

práctica monopolística en la economía.

El Estado aplicó una planeación no convencional, no teniendo un determinado tiempo para

su cumplimiento, ni como un conjunto de tareas derivadas de un plan general y procedido

de un concienzudo análisis de las condiciones económicas nacionales. Más bien, estableció

medidas planificadoras en un mediano plazo, como lo fueron los “planes verdes”

dedicados a la agricultura, o los planes de construcción de viviendas. A mediados de la

década de los sesenta se buscó que un comité de expertos observadores del desarrollo

económico estableciera un planeación presupuestario a mediano plazo, pero esto no resultó

dentro de un objetivo general expresado en un plan global de desarrollo

Japon

Antes de cualquier intención planificadora, el Estado japonés tuvo que recuperar su

independencia económica que le había si vedada por su derrota en la Segunda Guerra

Mundial y que le impedía rearmar su industria armamentista.

Los estudios que se formularon para lograr estos objetivos fueron dos: La proyección de la

oficina de los Asuntos Extranjeros en 1946 y La proyección del grupo de estudio sobre la

capacidad de oferta, en ese mismo año. Este último llevó implícito en el contenido el

pensamiento de la mayoría de los países que emergían de la destrucción de la guerra, es

decir, una condicionante del control y la asignación minuciosa de los materiales de la

producción, tales como la demanda y la oferta de las materias primas, los cálculos de la

necesidades por habitante de mercancías esenciales y las necesidades de las industrias más

importantes del Japón para iniciar su desarrollo. En cambio, La proyección de la oficina de

Asuntos Extranjeros se enfocaba en señalar las necesidades y requerimientos que

implicaba obtener el nivel de vida anterior a la guerra. La proyección del estudio de la

capacidad de oferta realizó un proceso analítico año por año para lograr que el desarrollo

esperado fuera la resultante de los esfuerzos planificados

El último estudio, que en verdad era más que un diagnóstico y más que algunas ideas

generales sobre cómo desarrollar la economía, priorizó en un primer momento los campos

en los que la industria estaba sufriendo un estrangulamiento. Es así que percibió que la

dificultad máxima se encontraba en la industria del carbón, haciendo que el gobierno

lanzara un plan de la más alta prioridad sobre esta materia prima. Pero más allá de que los

diagnósticos sirvieran como un modelo de desarrollo, funcionaban mejor como una visión

desde el interior para demostrar que Japón no se podía

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