Caso Tia Maria

Caso tia maria

Exclusivo. Desde Islay en Arequipa, las voces a favor y en contra del millonario proyecto minero que ha encendido los ánimos de los pobladores del valle de Tambo. Entre la desinformación y la desconfianza, los esfuerzos del gobierno por salvar el proyecto Tía María y el reclamo de una población que reclama el cumplimiento de pasadas promesas electorales.

Han pasado 21 días de paro indefinido y nada parece cambiar la manera de pensar de los pobladores del Valle del Tambo en Arequipa, que se oponen al proyecto minero Tía María.

Las pérdidas económicas ascienden al medio millón de soles por día y las clases escolares están suspendidas. La desinformación, la desconfianza y las falsas promesas electorales, le siguen pasando la factura .

Tras una breve conversación con los comuneros y guiados por ellos, Cuarto Poder llegó al corazón mismo de la disputa, al valle que tanto defienden. Las enormes piedras que bloquean las carreteras parecieran representar los obstáculos que ha encontrado aquí el ejecutivo: Tía María no es bienvenida.

¿Por qué la ejecución de este proyecto cuprífero ha llegado a tal punto de ebullición, que ha puesto en jaque al ejecutivo?

El proyecto Tía María está a cargo de la Southern Perú Copper Corporation y demandará una inversión de mil 300 millones de dólares, explotarán cobre en dos yacimientos a tajo abierto, La tapada y Tía María.

Se estima que emplearían en su etapa de construcción a más de 3 mil 500 trabajadores y en su etapa de ejecución se sumarían 800 trabajadores. La inversión está contemplada desde el 2007, pero en el ambiente ya se respiraba desconfianza.

En el 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental, la población tenía dudas y al no ser aclaradas, dicho estudio fue sometido a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos (UNOPS).

Este organismo internacional hizo 138 observaciones que fueron tomadas con suma preocupación por los pobladores.

Entre las observaciones al estudio de impacto ambiental, la UNOPS remarcó que la SOUTHERN no contemplaba a los comuneros en las labores de fiscalización de sus operaciones, y, que no explicaba cuáles serían los trabajos de remediación de suelos y aguas residuales una vez concluidos los trabajos.

Además, recomendó al Ministerio de Energía y Minas que le exija a dicha empresa un cronograma de implementación de los programas sociales. Estas observaciones, marcaron el inicio de los conflictos en el 2010, las audiencias públicas se volvieron insosten

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