DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES INCENTIVOS

INTRODUCCIÓN

El Gobierno colombiano por medio de diversas políticas ha buscado fomentar las exportaciones y así lo consignó en el Plan Estratégico Exportador a través de cinco objetivos: “aumentar y diversificar la oferta exportable de bienes y servicios en función de la demanda mundial y la oferta interna; incentivar la inversión extranjera para fomentar directa o indirectamente las exportaciones; hacer competitiva la actividad exportadora, a través de un Estado facilitador; regionalizar la oferta exportable y desarrollar una verdadera cultura exportadora”.

La adopción de estas medidas y su consecuencia lógica –entrada de divisas al país- se traducen en crecimiento y generación de empleo, ya que el Gobierno al facilitar la actividad exportadora a través de los diversos mecanismos de promoción permite al empresario reducir sus costos de producción, dándole la posibilidad de invertir este excedente en otros aspectos (mejoramiento de la tecnología, capacitación) que mejoran la calidad del producto final haciéndolo mas competitivo en otros mercados.

Como un aporte al potencial exportador, este trabajo pretende dar a conocer de forma práctica y didáctica mecanismos jurídicos de promoción de exportaciones como el Cert, Plan Vallejo, Sociedades de comercialización Internacional, etc.; los cuales han sido creados por el Gobierno para apoyar el desarrollo económico y la internacionalización de la economía colombiana. Las características de los posibles usuarios y el énfasis en la aplicación de esta información, determinan su enfoque descriptivo; por tanto, aunque reconocemos la importancia del análisis de algunos aspectos, particularmente de los generadores de controversia, la realización de este ejercicio supera nuestras intenciones.

Se hace una sinopsis de los diferentes instrumentos jurídicos –no territoriales- de promoción de las exportaciones existentes en Colombia, incluyendo una descripción detallada de cada uno de ellos con sus características, procedimientos y su recopilación normativa, pues el desarrollo legislativo a través de los años ha sido disperso y la regulación de estos instrumentos se encuentra en diferentes textos legislativos que no permiten tener un conocimiento unificado de la materia.

En los primeros capítulos se ubica al lector dentro del marco Constitucional y legal del Comercio Exterior. El estudio de estos temas se hace de forma jerárquica, pues inicia con el fundamento constitucional y el análisis de las diferentes normas que éste contiene, pasando a las Leyes Marco, de las cuales la Ley 7 de 1991 (16 de enero) es de gran importancia, ya que de alguna forma busca organizar el

Comercio Exterior colombiano y ponerlo a tono con las nuevas políticas que se consolidarían con la expedición de la Constitución Política de 1991 (4 de julio).

Esto permitirá al lector conocer qué mecanismos jurídicos –no territoriales- existen en Colombia, los requisitos que debe reunir el empresario que desee acceder a ellos y cuál le es más útil de acuerdo con sus objetivos.

Se desarrolla también, en un capítulo un análisis de estos frente a las disposiciones de la OMC, y mas exactamente frente al Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias, mostrando, desde la óptica de éste cuáles pueden ser considerados subsidios prohibidos y por lo tanto deberán ser desmontados dentro de los plazos fijados por dicha organización.

También se busca dar a conocer las instituciones encargadas de la promoción del comercio exterior desde diferentes puntos de vista y que son Bancoldex, Proexport y Fiducoldex. De estas instituciones se hace una sinopsis y se dan a conocer los programas y servicios ofrecidos por éstas, los que buscan beneficiar la actividad exportadora.

1. EL COMERCIO EXTERIOR Y SU CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL

El Título XII de la Constitución colombiana, Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, consagra en el Capítulo I, Disposiciones Generales, dos artículos de gran importancia para el Comercio Exterior como son el 333 y el 334, ya que son su marco principal de referencia y que en vista de su importancia, estudiaremos a continuación

1.1 INICIATIVA PRIVADA Y EMPRESAS

Artículo 333 La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos, ni requisitos, sin autorización de la Ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación

Los constituyentes de 1991, contrario a constituciones anteriores, buscaron dar una mayor amplitud, y cobijar mas sectores de la economía al cambiar la consagración que se venía haciendo respecto al intervencionismo del Estado, puesto que con la consagración constitucional de la libertad de empresa para la actividad económica, se esta tomando en cuenta tanto a las formas organizadas

de la producción (empresa), como las no organizadas1

La libertad de la actividad económica no se puede entender en todo el sentido de la palabra, pues hay que tener en cuenta la intervención del Estado, y así bien lo ha entendido la Corte Constitucional en la sentencia C 040 de 1993, la cual dispone que la nueva forma de Estado - Social de Derecho- se caracteriza por la legitimación de éste para intervenir

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