Desplazamiento Forzado

La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.

De esta situación da clara muestra la llamada época de la violencia entre los años 1946 -1958, la cual significó el despojo y la expulsión de cerca de dos millones de colombianos, quienes debieron dar paso a las necesidades de tierra para el modelo agroindustrial que empezaba a gestarse y fueron objeto de las persecuciones, odios y violencias de los grupos armados “legales” e ilegales que actuaban en nombre de los partidos conservador y liberal en la época.

Las décadas de los ochenta y noventa representan otro hito histórico en los procesos de despojo y expulsión, pues se caracterizan por una nueva agudización de la violencia, que en ocasiones no es más que la manifestación o continuidad de viejos conflictos y problemas no resueltos. El desplazamiento forzado, como empieza a nominarse, es en esta época la manifestación más clara de la permanencia histórica y la consolidación de un modelo de desarrollo excluyente caracterizado, además, por relaciones clientelares, corruptas, de patronaje y de fuerza. Relaciones que configuran el telón de fondo del conflicto armado interno.

En las dos últimas décadas en Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, se consolida el modelo neoliberal y se acentúan los llamados procesos de modernización del Estado, los cuales para el caso particular de este análisis, implican la redefinición del territorio y sus relaciones de acuerdo a las necesidades de producción y comercialización que el modelo demanda, sin reparar en los costos políticos, sociales y culturales que significan.

De un lado, parte de la producción agrícola se inserta al mercado y a sus requerimientos, quedando esta posibilidad limitada a quienes acceden a los grandes capitales que suponen esta adecuación. Al mismo tiempo, miles de pequeños campesinos ven afectados sus ingresos por la inundación del mercado nacional con productos importados. Al respecto, por ejemplo, los cultivos de algodón, arroz, sorgo, entre otros, se vieron afectados por la importación de estos productos representando una severa crisis para el campesinado colombiano.

De otro lado, la lógica de adecuación a la dinámica del mercado global con sus necesidades de producción y comercialización supone también la construcción de una serie de obras de infraestructura: troncales, puertos, canales, obras que en la mayoría de las ocasiones atraviesan o se realizan en territorios étnicos o en comunidades campesinas y que se realizan al margen y /o en contra de los derechos de sus habitantes

Una vez el capital ha reparado en una zona con algún potencial de riqueza empieza el proceso de apropiación con la consecuente expulsión de la población allí asentada o la eliminación de cualquier obstáculo humano o legal. Se ha comprobado que la violencia es más intensa en los municipios donde hay más altas posibilidades de obtener mejor ingreso o de nuevos potenciales de acumulación de riqueza.

A esta dinámica de adecuación a los mercados globales, se agrega el más grande auge del mercado de cultivos de uso ilícito y el fortalecimiento de los narcotraficantes, quienes se insertan en la dinámica social, económica y política del país. Esta actividad implica serias presiones sobre los tradicionales esquemas de uso y tenencia de la tierra debido a los requerimientos de nuevas tierras para el cultivo de coca y amapola y para la inversión y lavado de los abundantes capitales que se generan

La realización de estas actividades implica, de otro lado, el dominio de los territorios en función de las necesidades que impone un negocio ilícito, entre otras se requiere ejercer un control total sobre la población que reside en el lugar y de su sometimiento a las actividades de producción, circulación y protección del negocio.

Los cultivos de uso ilícito alimentan de forma importante los ingresos de los grupos insurgentes y su capacidad bélica, ampliando y degradando de manera significativa la violencia en el país. En este sentido, el control del cultivo y del comercio es también objeto de disputas y genera sangrientos enfrentamientos que ocasionan de un lado el cambio de vocación de campesinos e indígenas (de agricultores a raspachines) y de otro el desplazamiento de miles de ellos.

De este modo, se entrelazan un tradicional modelo de exclusión del campesinado, nuevas presiones derivadas de las imposiciones del ordenamiento mundial, el mercado de los cultivos ilícitos y la disputa territorial de los actores armados. Estos factores se articulan configurando un escenario complejo que no admite, explicaciones causales, pero que dejan un número aproximado de dos millones setecientas mil personas desarraigadas

Tal vez al intentar responder las preguntas, por quiénes son los desplazados, de dónde se desplazan y quiénes los desplazan, encontramos algunas claves para la comprensión de este complejo fenómeno.

¿Qué pasa con el estado y sus políticas?

Realmente el país tomó conciencia de la gravedad del problema del desplazamiento hace muy poco, aun cuando desde casi 1985 hasta nuestros días las cifras de personas desplazadas ha llegado aproximadamente a los cuatro millones.

Sin embargo, ningún gobierno en el poder ha tomado de verdad las riendas del asunto, aunque sí es de alguna manera importante ciertos avances en cuestión de políticas públicas, lo cual no significa la eficacia de las mismas.

El recrudecimiento del conflicto social y armado interno del país desde mediados de la década del 80 ha sido vital para que el fenómeno del desplazamiento se acreciente cada vez más. Sin embargo no ha habido período más crítico respecto a esta cuestión que el del señor Álvaro Uribe Vélez. Desde su posesión, en el año 2002, cuando su política (de “seguridad democrática”) se ve netamente dirigida a lo militar, dicho problema se ha hecho notar más que nunca. Las ciudades y departamentos principales del país, sobre todo Bogotá y sus municipios aledaños, han sido inundados por miles y miles de personas que huyen de la guerra. Mientras tanto, las políticas públicas, que podrían de otra forma, regular o aliviar el problema, son totalmente

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