Diseccion Del Riñon

La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884 en el cual se enfrentaron la República de Chile contra las repúblicas del Perú y de Bolivia. También se la ha denominado Guerra del Guano y Salitre. Artículo principal: Antecedentes de la Guerra del Pacífico

A mediados del siglo XIX el desierto de Atacama había adquirido un gran valor económico debido al descubrimiento de valiosos yacimientos de guano y, posteriormente, de salitre, ambos, entonces, con buena ley y buen precio en el mercado internacional. Existen discrepancias entre los historiadores bolivianos y chilenos con respecto a si el territorio de la Audiencia de Charcas (primero dependiente del Virreinato del Perú y después del Virreinato del Río de la Plata), disponía o carecía de litoral. Apoyándose en diversos documentos, los bolivianos insisten en que lo tenía; por su parte, los chilenos lo niegan o lo ponen en duda. Al crearse la República de Bolivia en 1825,1 Simón Bolívar incluye la costa de Cobija (Puerto La Mar) como parte de esta nueva república. La explotación económica de esa zona costera fue llevada a cabo por empresarios chilenos.

Antes del inicio de la guerra los respectivos presidentes eran Hilarión Daza (en Bolivia), Aníbal Pinto Garmendia (en Chile) y Mariano Ignacio Prado (en el Perú). Las Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tratados de límites: el primero de ellos en 1866 (Tratado de límites de 1866 entre Bolivia y Chile) y el segundo en 1874, junto a un protocolo complementario de 1875 (Tratado de límites de 1874 entre Bolivia y Chile). Ambos tratados fueron ratificados en su oportunidad y canjeados en Santiago y en La Paz.

De acuerdo con su preámbulo, el tratado de 1866 tenía por finalidad, "poner un término amigable y recíprocamente satisfactorio a la antigua cuestión pendiente entre ellas sobre la fijación de sus respectivos límites territoriales en el desierto de Atacama y sobre la explotación de los depósitos de huano existentes en el litoral del mismo desierto" [sic], estableciendo en su artículo I que la frontera de los dos países sería "en adelante el paralelo 24 de latitud meridional desde el litoral del Pacífico hasta los límites orientales de Chile"; asimismo establecía una medianería en favor ambos países, entre los paralelos 23 y 25, sobre los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano y los derechos de exportación que se percibieren sobre los minerales extraídos en aquella área.

Hilarión Daza, Presidente de Bolivia (1876-1879) Aníbal Pinto, Presidente de Chile (1876-1881) Mariano Ignacio Prado, Presidente del Perú (1876-1879)

El gobierno que depuso a Mariano Melgarejo declaró como nulos todos los actos del gobierno anterior, incluyendo los tratados de límites firmados con Chile y Bolivia; esta declaración tensionó las relaciones con el gobierno chileno hasta la firma del Tratado de 1874, que reemplazó al de 1866. Este último tratado volvió a fijar como límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia "El paralelo del grado 24 desde el mar hasta la cordillera de los Andes en el divortia aquarum" [sic], estableciendo además, en el artículo IV, que los derechos de exportación que se impusieran sobre los minerales exportados en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25 de latitud sur "no excederan la cuota de la que actualmente se cobra, i las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el termino de venticinco años" [sic]. Este tratado internacional era el vigente hacia 1879.

El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una sociedad chilena formada por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de salitre libre de derechos por 15 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Dicho acuerdo no fue ratificado por el congreso boliviano, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile2 —que darían por resultado el tratado de 1874—.

Crisis e inicio del conflicto

En 1878 el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres de Antofagasta, aún no estaba vigente, porque de acuerdo con la Constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso2 . Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.

Artículo Único. Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado.

Asamblea Nacional Constituyente de Bolivia. Ley de 14 de febrero de 18783

En lo que respecta a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia por parte de los propietarios de la empresa afectada y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, desencadenándose un conflicto diplomático.

A lo largo de los meses subsiguientes, el gobierno boliviano se abstuvo de implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. El 8 de noviembre el canciller Alejandro Fierro envía una nota al canciller Martín Lanza indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. El 17 de noviembre el gobierno de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija que aplicara la ley del impuesto para iniciar las obras de reconstrucción de Antofagasta. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como lo contemplaba el Protocolo de 1875, este no llegó a realizarse ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspenda la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro; el gobierno de Bolivia exigía que el blindado Blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiren de la bahía de Antofagasta. El 6 de febrero, ante las protestas por parte de la Compañía de Salitres por la ley del impuesto y dado que el contrato no había cumplido con los tramites para declararlo, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato

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