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¿EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD QUE SE REGULA EN EL ESTADO PERUANO, CHILE Y COLOMBIA CONSTITUYE UN FILTRO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA PENAL?


Enviado por   •  8 de Septiembre de 2015  •  Trabajo  •  12.355 Palabras (50 Páginas)  •  301 Visitas

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ÍNDICE

Dedicatoria2                                                                                

Resumen Ejecutivo3                                                                        

Introducción4-5                

Planteamiento del Problema                

Marco teórico:

Capítulo  I:    

Doctrina                                                        

Capítulo  II:      

Antecedentes y Generalidades

                

Capitulo III: Legislación Comparada

Capitulo IV: JURISPRUDENCIA

                   Sentencia del Tribunal Constitucional

                   Sentencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes        

                   Pleno Jurisdiccional        

                

Conclusiones                                                                                

Bibliografía                

Dedicatoria

El trabajo de investigación monográfico está dedicado a nuestros padres; a quienes les debemos todo lo que tenemos  en esta vida. A Dios, ya que gracias a él tenemos esos padres maravillosos, los cuales nos apoyan en nuestras derrotas y celebran nuestros triunfos. A mis profesores, quienes son nuestras guías en el aprendizaje, dándonos los últimos conocimientos para nuestro buen desenvolvimiento en la sociedad.

RESUMEN EJECUTIVO

El principio de lesividad que se ha regulado en la legislación nacional penal aplicable en el Estado Peruano, prevé que la pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley.

        El Principio de Lesividad encuentra su sustento jurídico en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal y su sustento constitucional en el artículo 2° inciso 24, literales a, b y d; estos bienes jurídicos como la vida, la libertad, entre otros; que importan intereses sociales importantes para el desarrollo personal y para el desenvolvimiento de la sociedad y, por consiguiente, ameritan resguardo y protección a través de las normas jurídicas que componen el Derecho Penal.

A través de este principio controlamos la función de la creación de nuevos delitos, obligando al legislador a definir el bien jurídico que se quiere proteger a través de la ley penal. Partiendo de esto, su importancia radica en que la protección del bien jurídico es la razón que legitima la intervención penal.

Por otra parte, no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra fundamentado en la lesión de un bien jurídico. Entonces, se entiende por lesión al bien jurídico, a toda aquella acción que el agente cometa para causar un determinado daño a un bien que está protegido por el ordenamiento jurídico.

En ese sentido a nivel de nuestra legislación no hay delito sin que exista una afectación o daño a un determinado bien jurídico, es decir, no hay hecho punible si es que un bien jurídico no ha sido vulnerado o puesto en peligro.

INTRODUCCIÓN

La existencia de un Estado tiene necesidad política y basa su razón de ser en la paz social. Para mantener su estructura política y garantizar la convivencia social, se apoya en normas que hacen de contención y defensa frente a ataques a determinados intereses que considera valiosos. Todas las normas que el Estado dicta son en función de  protección de diversos intereses, en el caso del derecho penal, mediante la imposición de una pena para quienes los lesionen o pongan en peligro.

Para el derecho penal, aquel interés que era menester proteger por parte del Estado  el bien jurídico- ha evolucionado a lo largo de la historia. Inicialmente, en la época de la ilustración y del racionalismo, se trataba de bienes subjetivos basados en el contrato social que pudieran afectar los derechos de los ciudadanos y los del Estado mismo para la realización de sus fines. Sin embargo, Feuerbach entendía que, aunque subjetivos,  son preexistentes e independientes de todo origen moral y el Estado es tan  solo un medio para garantizarlos.

El Estado debe valerse del concepto de bien jurídico como limitador del poder punitivo para criminalizar sólo ciertas acciones que puedan afectarlo por lesión directa o por peligro.

De esta manera, la presente investigación tiene como objetivo principal estudiar el principio de lesividad que se encuentra regulado en el Código Penal Peruano vigente; y está estructurada en 4 capítulos: Antecedentes, que detalla cómo surge el principio de lesividad; Doctrina pretende explicar fundamentos básicos y utilidad del principio de lesividad en materia penal,  Jurisprudencia recopilar fundamentos jurídicos emitidos en resoluciones a nivel del Estado peruano, y Legislación comparada que identifica criterios y razonamientos jurídicos del principio de lesividad en los Estados de Chile y Colombia.

Esperando que la información recopilada en esta investigación coadyuve en la formación del criterio jurídico del estudiante de derecho, abogado o ciudadano en general a fin de comprender  la aplicación del principio de lesividad en materia penal en el Estado Peruano.


  1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD QUE SE REGULA EN EL ESTADO PERUANO, CHILE Y COLOMBIA CONSTITUYE UN FILTRO PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA PENAL?

  1. OBJETIVOS

  • OBJETIVO GENERAL

  • Estudiar el Principio de Lesividad en la aplicación de la Norma Penal vigente en el Perú.
  • OBJETIVOS ESPECÍFICO
  • Identificar el fundamento doctrinario – jurisprudencial del principio de lesividad que se regula en el Estado Peruano.
  •  Analizar la legislación que regula el principio de lesividad del Estado de Chile y de Argentina.

 

  1. JUSTIFICACIÓN

Los principios del Derecho penal tienen  la función de  poner límites  el poder punitivo del Estado para fortalecer y mantener vigente la esencia del Estado de Derecho. En virtud de los principios, la afectación de la libertad del ciudadano no queda expuesta a arbitrariedades,Por ello los principios brindan legitimación a toda práctica estatal que implique la restricción de los derechos de la persona.

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