ENSAYO MEDIANTE EL CUAL EXPLIQUE CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUIÓ LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA DESDE QUE SE CREÓ LA INICIATIVA DE LEY HASTA LA INICIACIÓN DE SU VIGENCIA Y SU DEROGACIÓN, RESALTANDO EL FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE EN

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NOMBRE DEL ALUMNO:                        ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ

MATRICULA:                                        83853

GRUPO:                                        H029

MATERIA:                                        FUNDAMENTOS DEL DERECHO FISCAL

NOMBRE DEL DOCENTE:                        MTRO. ALFREDO JIMÉNEZ REYES

NÚMERO Y TEMA DE LA ACTIVIDAD:        ACTIVIDAD 2 “ELABORAR UN ENSAYO MEDIANTE EL CUAL EXPLIQUE CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUIÓ LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA DESDE QUE SE CREÓ LA INICIATIVA DE LEY HASTA LA INICIACIÓN DE SU VIGENCIA Y SU DEROGACIÓN, RESALTANDO EL FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE EN CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.”

INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo se expone los motivos, procedimientos y fundamentos legales de todo el proceso del IETU, iniciando con la iniciativa de ley hasta su derogación.

Se analizó el motivo por el cual surgió este nuevo gravamen, conociendo por medio de la exposición de motivos, así como los principales problemas que enfrenta el sistema tributario de nuestro país y la baja recaudación fiscal a nivel nacional.

Se intenta se manera sencilla plasmar a quienes afectó o beneficio este nuevo impuesto, así como las desventajas con la que se enfrentó debido a la no deducción de unos de los factores de la producción como es el caso de la mano de obra.

La iniciativa de Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única fue remitida por el Ejecutivo Federal con fecha 20 de junio de 2007, durante el tiempo que duró su discusión tuvieron varias reuniones de trabajo con diversos sectores económicos, sociales y académicos del país quienes cuyas propuestas contribuyeron a modificar y enriquecer la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.

Cabe señalar que en todas las reuniones se contó con la presencia a fin de que pudieran participar los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT.

El objeto de la contribución empresarial a tasa única era por la percepción efectiva de los ingresos totales de las personas físicas y las morales residentes en México por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, con independencia de que dichas actividades se realicen o no en el territorio nacional, así como también a los extranjero con residencia  en México y que tengan establecimiento permanente en el país, por los ingresos que provengan de las actividades antes mencionadas.

La propuesta establecía un impuesto durante el ejercicio fiscal del 2008 a razón de un 16% y durante el 2009 a razón del 19%.

La contribución empresarial a tasa única propuesta por el Ejecutivo Federal se determinaría con una base de flujo de efectivo, de modo que los ingresos se acumularían cuando se cobraran y las deducciones tendrían lugar al momento en que se pagaran.

Para algunos estudiosos como Enrique Gómez y Juan Carlos Alonso, el IETU “debe ser ubicado en una revolucionaria concepción de un impuesto directo al consumo, entendiendo como consumo como la diferencia entre el ingreso y la inversión, donde el ingreso que no sea invertido será consumo y por ende gravado.”1

Las excepciones establecidas para el pago de dicho impuesto eran: los ingresos obtenidos por Entidades Federativas, Municipios, órganos constitucionales autónomos, entidades de administración pública paraestatal, partidos, asociaciones, sindicatos obreros y las sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos, religiosos y culturales. Tampoco afectaría a las actividades agrícolas, ganaderas ni pesqueras.

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, obligaba a las empresas a tomar en cuenta el efecto de ambos tributos, es decir, del IETU y del ISR en su toma de decisiones.

Según las autoridades fiscales, este gravamen no estaba orientado a la utilidad de la empresa, sino a una base más amplia que considera "los factores de la producción", tales como las "remuneraciones totales por sueldos y salarios, las utilidades no distribuidas y los pagos netos de dividendos, intereses y regalías."

En otras palabras, si el cálculo de ISR era mayor al cálculo del IETU, la empresa o persona física, estaba obligada a pagar el ISR completo, sin embargo, si el cálculo del IETU era mayor al del ISR, el sujeto estaba obligado a pagar el ISR más la diferencia de ese y el IETU en el concepto del IETU.

Por ejemplo: supongamos que el ISR era $100 y el IETU era de $80. En este caso se tendría que pagar primero el ISR de $100 y posteriormente, al calcular el IETU de $80 se le acreditaba a éste un importe igual de ISR dejando su saldo por pagar en cero y, por tanto, ya no se generaba un pago adicional. Se terminaba pagando sólo el importe del ISR.

En otro ejemplo, supongamos ahora $100 de ISR y $150 de IETU. Lo primero era pagar el ISR de $100, después se calculaba el IETU de $150, al cual se le acreditan los $100 pagados de ISR, dando una diferencia por pagar de $50 en el IETU. Los pagos totales serían $100 de ISR y $50 de IETU.

        En mi opinión uno de las causas que motivo al ejecutivo a presentar esta iniciativa de ley fue motivada por la baja recaudación federal, como es de conocimiento de todos, nuestro país ha registrado una baja recaudación proveniente del petróleo, en los últimos dieciocho años el promedio de la recaudación representó un 9.5% del PIB.

        Aunado a lo anterior, la evasión y elusión fiscal, así como que amplios sectores de la actividad económica de nuestro país se encuentre dentro de la informalidad, han incidido de manera decisiva en el nivel de la recaudación tributaria.

        Ambas problemáticas, es decir, la baja recaudación fiscal, junto con nuestra enorme dependencia de los ingresos petroleros, ocasionaron que el Gobierno Federal tomara cartas en el asunto, a fin de mantener la estabilidad macroeconómica de nuestro país.

        La exposición principal de motivos enviadas por el Ejecutivo fueron las siguientes:

• La simplificación de las contribuciones que reduciría los costos administrativos del sistema fiscal, y la promoción del cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
• La flexibilidad del sistema impositivo que permite tener la capacidad de ajustarse de manera rápida y adecuada a los cambios de las condiciones económicas.
• Transparencia pues pretende que sea un sistema fácil y de rápida identificación respecto de las obligaciones fiscales, a fin de reducir costos asociados con su cumplimiento tanto para contribuyentes como para las autoridades.
• Equidad y proporcionalidad del sistema tributario establecido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna.

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

…IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”2

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