El mercadeo agrícola

El mercadeo agrícola constituye un subsistema importante en la economía de un país. En consecuencia, "la política de mercado y precios representa el instrumento más importante de la política agraria del Estado". En el caso de Venezuela en forma general, sin embargo, la comercialización de muchos renglones, sobre todo los de consumo directo, sigue siendo desorganizada, y en ella, aunque existen intermediarios de diferentes escalas de operaciones, el mayor poder se encuentra en las roscas que controlan la distribución al mayor de los productos, y cuya acción ha limitado la obtención de precios remuneradores por parte de los productores).

La le ley de mercadeo agrícola, establece en su art.1 lo siguiente: La presente Ley rige la planificación, fomento, regulación y evaluación de todas las fases comerciales del mercadeo de productos e insumos para la producción agrícola, y propicia el incremento conjunto de la seguridad alimentaria y la producción agrícola interna. El mercadeo incluye el complejo de actividades, servicios, acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes, desde su producción hasta su disponibilidad para el consumidor final.

La ley permite al Estado venezolano dictar políticas para la consolidación de las actividades de intercambio y distribución agropecuaria y de sus distintos agentes y factores económico-sociales, así como asegurar también la oferta de bienes y servicios al agro y al consumidor.

Esta normativa legal tiene gran impacto en la economía nacional, que se desglosan en políticas agrícolas y alimentación, desarrollo rural y cadenas agroproductivas.

Igualmente, se establecen subsidios, especialmente para los cereales, como el arroz, el sorgo y el maíz para un incremento del 33% de la producción el primer trimestre de cada año.

Además, estipula que los precios de referencia de los productos agrícolas serán revisados dos veces al año y serán publicados por el Ministerio de Producción y Comercio con un mes de antelación al ciclo agrícola.

En la normativa legal, establece que el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Producción y Comercio dictará normas tendentes a evitar el acaparamiento de productos agrícolas, la competencia desleal y la formación de monopolios, abuso de posición de dominio y otras formas de acuerdos privados que limiten o afecten la producción, circulación, distribución y comercialización de tales productos.

También se precisa, entre otros aspectos, que el Ejecutivo nacional asignará en la Ley de Presupuesto una partida destinada a desarrollar los mecanismos de caja verde y caja ámbar que permite la Organización Mundial del Comercio.

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