El poder judicial

El poder judicial nace para dar seguridad del cumplimiento de las leyes en una Nación y ésta; no se limita a los casos que se tratan en los tribunales, aparece en la vida como un factor del que se derivan relaciones más equilibradas y respetuosas, así como el bienestar de la sociedad en su conjunto. Partiendo de ésta idea podemos definir la justicia como el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Este conjunto de reglas tiene un fundamento formal: El fundamento cultura se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas.

Ahora bien, al adentrarnos en la ética judicial ésta debe ser práctica, las virtudes han de demostrarse en la vida diaria. La ética judicial no puede limitarse a las buenas intenciones de las normas jurídicas. El servicio de administración de justicia debe ser cumplido por jueces de clara idoneidad, técnica profesional e integridad ética, con decisiones que salvaguarden la dignidad de las personas, especialmente de los sectores vulnerables.

En la definición de la ética, de las obligaciones del juez para realizar el Derecho, desempeña una función de indiscutible valor el Código de Ética del Juez venezolano y la Jueza venezolana. Los vínculos reforzados de los jueces con la ley, el establecimiento de un sistema de garantías de la imparcialidad e independencia, el desempeño de la función de juzgar en el caso concreto, así como un estricto régimen disciplinario para jueces y magistrados, revelan el perfil de lo ético.

En toda la humanidad se presume que, la mayoría de los miembros de una Nación tienen una concepción de lo justo e injusto y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción. El fundamento formal es el codificado dispuesto en varias disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.

En tal sentido Alejandro Nieto (2002) dice: “…Se ha despojado a los jueces de su toga y debajo de ella han aparecido hombres de carne y hueso que no son siempre modelos sociales y que resultan vulnerables a todo tipo de presiones políticas, económicas y corporativas. Ya no se ve al juez como un sacerdote de la Ley sino como un individuo de reacciones sorprendentes, dotado de desmesurados poderes públicos que, por causas personales de ordinario no explicadas, hace y deshace destinos humanos y ataca o defiende al Poder...”

De allí la necesidad de revisar las acciones, que corresponden a un buen juez. La reflexión sobre el

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