PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

El poder judicial es aquel que proviene de “judicial” de la raíz latina ius que quiere decir justicia, desde el antiguo derecho romano que se caracteriza por dar cada quien lo que le corresponda, por ello es el encargado de administrar justicia en una sociedad mediante la aplicación de normas jurídica para resolver un conflicto de intereses. Sus integrantes, jueces, magistrados, secretarios y actuarios, funcionan como intermediarios en los conflictos legales y los intereses de los ciudadanos mexicanos, además de que deciden cuando un individuo ha infringido las normas de este país, y le imponen una pena proporcional a la falta cometida.

Está constituido por diversos organismos institucionales dentro de los cuales se encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, Juzgados de Distrito, entre otros. La suprema corte de justicia de la nación es la encargada de las controversias constitucionales, está integrada por 11 ministros (elegidos por el presidente de la republica frente al senado) los cueles deben ser licenciados en derecho y haber ejercido por lo menos 10 años la profesión, esto determinado por la constitución mexicana en el artículo 94.El tribunal electoral es el especializado en materias electorales (impugnaciones y protección de derechos políticos).los juzgados de distrito Son los tribunales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación, actúan como Jueces de primera instancia en Juicios Ordinarios Federales. Se componen de un juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determina el presupuesto, que pueden estar especializados en materia civil, mercantil, penal, entre otras.es el único poder en donde sus integrantes no son elegidos por elección popular sino el presidente de la republica frente al senado.

Para determinar cuando alguien ha fallado al cumpliendo de las leyes del país se basan tanto en la constitución política mexicana como en los códigos. Resulta muy importante que los miembros del Poder Judicial tengan un funcionamiento independiente, tanto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, como de los muchos otros grupos de poder que existen en el país, sólo así se asegurará que sus decisiones no estén influenciadas por intereses particulares y que la ley conserve en la medida de lo posible tanto su objetividad, como su universalidad al momento de ser aplicada.

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