El régimen sancionador en materia de contrabando

Planteamiento del Problema

En Venezuela el régimen sancionador en materia de contrabando está contenido en la Ley Orgánica de Aduanas, ésta norma forma parte del derecho público, ya que el Estado es el sujeto fundamental en las relaciones que se suscitan en cuanto a las actividades de importaciones y exportaciones, el artículo 156 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 sustenta lo anterior, en los siguientes términos: “Es de la competencia del Poder Público Nacional: ...(15) El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas”. Por consiguiente esta Ley posee su propio sistema, normas distintas y autónomas, es decir, es diferente al derecho tributario y financiero, ya que para que pueda existir necesita de una estructura distinta porque esa autonomía prevalecerá sobre los aspectos económicos más que lo fiscal, y los cambios que se presentan en el derecho aduanero se presentan paulatinamente.

El derecho aduanero, se compone por dos normas según Galera (1995), la primera por el conjunto de normas que engloban las obligaciones pecuniarias resultantes de las actividades del comercio exterior, la misma es calificada de normas de “derecho fiscal aduanero” y la segunda norma concreta la posibilidad genérica (admitiéndola, negándola o limitándola) de realizar operaciones de comercio exterior y que, en cualquier caso, imponen obligaciones de distinto contenido y naturaleza (declaraciones, autorizaciones, admisiones,…) a quienes pretenden realizarla (p.101). Como es visto la distinción de las normas anteriores se basa es en el instrumento, tributario o no tributario, a través del que se expresa la intervención.

El derecho aduanero busca la unificación de los intercambios comerciales entre países, es decir, respetar las zonas fronterizas, porque cada país tiene su propio control aduanero y no debe haber ningún tipo de interferencia con el funcionamiento de dichas reglas, a fin de resaltar el desarrollo y la protección de los sectores económicos como son: el industrial, comercial, agrícola entre otros. Otro objetivo del derecho aduanero es percibir ingresos bajo la forma de un tributo, este término es definido por Villegas (1999), como: “las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” es importante definir este término porque de éste se desprende la clasificación establecida en el artículo 12 del Código Orgánico Tributario de 2001, es una clasificación tripartita que se agrupa en impuestos, tasas y contribuciones especiales, pero desde el punto de vista de la legislación aduanera venezolana, se tomará la clasificación en impuestos y tasas aduaneros; el tributo aduanero es definido por Armella (2003), como:

Los impuestos o tributos aduaneros se deben en relación con y en el acto de la realización de una operación aduanera, teniendo como presupuesto el hecho de de la importación o, en su caso, de la exportación de las mercaderías del Estado (p.465)

Siguiendo este orden de ideas, el tributo aduanero es amplio en su contexto y comprende los aranceles aduaneros en sentido propio; también se incluye los impuestos al consumo recaudados como consecuencia de la introducción de mercaderías para consumo en el territorio nacional como por ejemplo el Impuesto a las Ventas u otros impuestos internos y por último comprende, los derechos conexos con el despacho de las operaciones aduaneras (derechos de depósitos, visitas sanitarias, entre otras), los cuales encuentran su presupuesto en la existencia de un servicio específico prestado por el operador comercial.

De acuerdo con lo anterior, la doctrina ha fijado la atención en la anterior definición, por cuanto incluye toda prestación pecuniaria de naturaleza tributaria debida como resultado de un hecho relevante para la actividad

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