Imputación de B o C respecto de A

En la situación planteada, consideramos que son vulnerados tres principios informadores de nuestro derecho penal. Estos principios son: legalidad, intervención mínima y lesividad. En orden serán tratados en lo adelante cada uno de ellos. Considero que no fueron vulnerados los principios ni de culpabilidad ni de subsidiaridad y advierto no los trataré porque solo me remitiré a lo mandado en la asignación.

El principio de legalidad no es más que el principio con el que se quiere brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que por el mismo se establece que para ciertas acciones ser consideradas antijurídicas deben estar planteadas en una ley previa al hecho, así como la sanción que le corresponde en relación al bien jurídico que vulneran. Además, que esta ley debe ser stricta, certa y scripta, prevae. Considero que su certeza puede cuestionarse en este supuesto.

Como establece Vives Antón, citado por José De la Mata Amaya (2007, pp.59), ´´toda pena jurídica pronunciada por el Estado es consecuencia de una ley fundada en la necesidad de conservar los derechos exteriores y que contiene la amenaza de un mal sensible frente a una lesión al derecho´´.  La Ley sobre Control y Regulación de armas, municiones y materiales relacionados de la República Dominicana establece en su artículo 3.3 ad-initio la definición de arma, siendo esta en latu sensu un ‘instrumento útil en la lucha que mantiene o aumenta la fuerza propia…´. En este artículo se establece de manera clara que para considerarse cualquier objeto un arma debe ser capaz de servir y aprovechar en algún sentido, cosa que expresamente se ha establecido en el caso en la especie que la misma era ‘vieja, mohosa, corroída por el paso del tiempo, y, por lo tanto, inservible´.

Encontramos entonces en el mismo artículo, pero en el numeral 8, descrito lo que es un arma de fuego y se establece que ´´es toda arma portátil que tenga cañón y que haya sido concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o proyectil por la acción de un explosivo o sus réplicas, o cualquier artefacto por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por alguna fuerza y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto´´.

Si bien es cierto que algunas personas podrían alegar que es irrelevante la utilidad o no del arma de fuego del caso que nos ocupa, porque ésta contiene las características planteadas para considerarse una en la descripción que plantea la normativa, no es menos cierto que destacar su funcionalidad y el peligro que, de ser útil, podría suponer para la sociedad sería lo más importante en este caso, ya que el derecho penal tiene como norte la protección de bienes jurídicos que puedan ser transgredidos por una violación a la norma.

Si, por el contrario, planteamos que el portar un arma de fuego (aunque inservible) constituya igualmente una amenaza debido a que es un peligro abstracto, lo cuales sólo tienen cabida para prevenir un hipotético y futuro ataque contra bienes jurídicos, entonces el juzgador pudo haber justificado así el haber impuesto una pena de la magnitud planteada (10 años), lo que a mi parecer fue completamente desproporcional.

Ahora bien, otro punto importante es que, en nuestra legislación vigente y correspondiente al caso, el delito de posesión ilegal de armas de fuego es sancionado con una pena de reclusión de 3 años a 5 años (artículo 66), vemos que, en cambio, A fue sentenciado a 10 años de reclusión menor por verse en posesión de un arma de fuego inútil (sólo nos queda suponer los motivos) por ende, entendemos por todo lo antes dicho, que fue vulnerado el principio de legalidad en este supuesto.

...