La legislación española

Procedimiento Abreviado:

CONCEPTO: como el procedimiento penal especial que apoyándose en los principios de oportunidad y celeridad en casos expresos por la ley y con el reconocimiento de la participación en el hecho por parte del procesado el proceso concluya en forma inmediata cuidando de no violar ninguna norma del debido proceso.

En la legislación española se lo define como "El procedimiento penal por el que se juzgan los delitos que pueden ser castigados con penas de privación de libertad que no superen los 9 años, así como con penas de distinta naturaleza, cualquiera que sea su cuantía o duración (por ejemplo, multa, inhabilitación... etc.) El llamado "procedimiento abreviado acelerado" constituye una modalidad de procedimiento abreviado en la que prácticamente se elimina el proceso de instrucción pasándose rápidamente al enjuiciamiento de los hechos.

Silva Ana María señala que este procedimiento es "la posibilidad de salidas alternativas y procedimientos especiales para dar solución al mayor número de casos posible, con un ahorro de actividad jurisdiccional y permitiendo a los intervinientes obtener ciertas ventajas." Es una alternativa, recurso que ha causado polémica, generando opiniones que lo cuestionan y lo estiman "garantista" o que entrega demasiadas ventajas para los victimarios señala la doctrinaria chilena.

El tratadista Ricardo Levene, define al Procedimiento Abreviado como: "procedimiento especial que se utiliza para dictar la sentencia sin haberse dado una vista pública, siempre y cuando el imputado y el Fiscal consientan en ello.

El Proceso Abreviado es una moderna herramienta al servicio de la simplicidad que en muchos casos se requiere para la tramitación de una causa penal en donde la intervención del Fiscal y la aceptación del procesado y su abogado de su intervención en el hecho y de la aplicación de este procedimiento, hace que esta nueva forma de proceso se torne debatible, pero imposible a la vez de reconocer sus méritos. Este procedimiento alternativo es un medio para llegar a la justicia de forma más ágil, ya que en corto tiempo se impone una pena al infractor de un delito así como en la misma sentencia se impone el pago de daños y perjuicios causados.

Aplicabilidad del procedimiento abreviado por Flagrancia previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Los procedimientos especiales en materia penal regulados en el Código Orgánico Procesal Penal, lo son en virtud de las regulaciones referentes a la forma del enjuiciamiento y juzgamiento en flagrancia, de admisión de los hechos), y al tipo de delito que se juzga (delitos menores, de falta, de acción privada).

El ordenamiento jurídico penal venezolano, coloca en primer lugar el carácter especial de las normas de esos procedimientos, pero establece que a diferencia, del procedimiento ordinario donde se establecen una fase preparatoria, una intermedia, una de juicio, y otra de ejecución, los procedimientos especiales, en este caso el procedimiento abreviado por flagrancia, se caracteriza por la supresión de una o varias de esas fases, en este procedimiento se suprime la fase intermedia que constituye la etapa ubicada entre la fase preparatoria y la de juicio oral y público, cuya finalidad es determinar si fundamento serio de la imputación, para ser llevado al juicio.

Es decir, la oportunidad para controlar la legalidad y pertinencia de la respectiva acusación.

En este orden de ideas, sefiala Pérez (1999) que:

Ahora bien, el Código Orgánico Procesal Penal prevé en el artículo 373, tres supuestos para la aplicación de este procedimiento, el cual se deberá ventilar, ante el tribunal de juicio unipersonal, siendo estos, los delitos flagrantes, los delitos con pena privativa de libertad no mayor de ocho (8) años y los delitos que no ameriten pena privativa de libertad, a los cuales nos referimos a continuación

En tal sentido, el procedimiento abreviado por flagrancia, ha sido concebido, en función de la concepción del hombre en relación con el estado de derecho, producto del contexto político y cultural que ha influido siempre en la consolidación de los diferentes escenarios históricos. Así, en lo que respecta al ordenamiento jurídico interno y a su evolución, la administración de justicia venezolana ha experimentado grandes avances con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal, el cual teóricamente logró establecer, el trato igualitario desde el inicio del proceso hasta su culminación, incorporar la posibilidad de que el imputado ejerza en el proceso penal todos los derechos establecidos en el, desde que el mismo sea considerado como tal, manteniéndose

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