Micro FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIDAD MEDEROS  

MICROECONOMÍA

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE

“COFECE”

Datos de la alumna:                                                                     Datos del maestro:

Ma. Fernanda Hermosillo González                              Lic. Adrián Garza Sepúlveda

Matrícula: 1614987

Aula: 7

4 de Noviembre de 2015

“Comisión Federal de Competencia Económica”

INTRODUCCIÓN

La COFECE se encarga de diversos asuntos, y es de acuerdo a su artículo que está estipulado en el 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una institución autónoma. Para poder cumplir con lo correspondido o con su mandato, la Comisión tiene dos áreas de política pública que son: cuando se aplica la legislación de competencia y cuando se lleva a cabo la promoción de la cultura de la competencia.

Considerando parte de la aplicación de la ley, la COFECE lleva a cabo investigaciones y sanciones hacia las prácticas de un monopolio o monopolísticas y acuerdos de abuso de poder sustancial, cometidos por los agentes económicos; estos previenen estructuras potenciales de mercado que pudiesen representar algún riesgo a la competencia mediante el control de concentraciones; emite declaratorias de competencia para que establezca regulaciones específicas.

Por otro lado, se lleva a cabo con el objetivo de promover la cultura de la competencia en los diversos ámbitos ya sea económicos, políticos y sociales, esta Comisión emite opiniones sobre el impacto que dejan los ordenamientos jurídicos en las diversas competencias que se llevan a cabo en los mercados.

Se ha confirmado que el Estado Mexicano está comprometido con la competencia. El Plan Nacional de Desarrollo lo tiene como un factor indispensable para obtener el empleo deseado, también para detonar la capacidad adquisitiva de los salarios y la calidad de las vidas familiares mexicanas.

 En dicho sentido, un componente fundamental o indispensable de varias de las reformas constitucionales, ya sea energética, financiera, educativa y de telecomunicaciones, es promover la libre competencia en los diversos mercados y en los sectores estratégicos de la economía con el fin de impulsar el crecimiento de todo el país.

DESARROLLO

La competencia económica es un gran factor ya que es muy determinante para el crecimiento, para la competitividad en diversos mercados y para el bienestar de toda la sociedad.

La competencia entre las empresas trae consigo precios menores o más bajos de lo normal, también mayor eficiencia, mejor calidad de los bienes y de los servicios y la innovación de los mercados. Por ello, la política de competencia es una de las herramientas más importantes para la obtención de los objetivos de política económica de los países, y los beneficios que alcanzan prácticamente a todos los consumidores, es decir, que llega hasta ellos, y a todas las empresas.

En un mercado donde la competencia económica prevalece, las participaciones de los diversos mercados de las empresas están determinadas por el precio y la calidad que ofrecen sus bienes y sus servicios, también por su eficiencia y la capacidad para atender las diversas necesidades de sus consumidores potenciales.

Evidencias recaudadas de otros países nos dan a conocer que la instrumentación de reformas en favor de la competencia podría contribuir al crecimiento de PBI, e incrementar la tasa de empleo en un nivel no tan satisfactorio pero necesario. Además, una política de competencia adecuada podría reducir los precios debido al rompimiento de algunos acuerdos y dar resultado a unos cuantiosos ahorros para la población.

Po esto, cada vez más países implementan mecanismos para la eliminación de barreras artificiales a la entrada y a la salida de diversos participantes en los mercados existentes, así como combatir acuerdos entre competidores para fijar precios y cantidades, también para la segmentación o la distribución de mercados, así como actos de empresas con un poder que es sustancial para que desplacen a sus competidores actuales o los potenciales.

En dicho contexto, las leyes de competencia y las diferentes instituciones que las instrumentan son fundamentales para poder asegurar que los beneficios económicos y sociales en dicha materia puedan capitalizarse.

México lleva 20 años con una política de competencia formal que se llevó a cabo a partir de la promulgación de la Ley Federal de la Competencia Económica (LFCE).

Se realizaron dos reformas a la LFCE que nos dieron lugar a las mejores prácticas internacionales en la materia. Sin embargo, siguen existiendo retos importantes para poder garantizar niveles deseables de competencia en los mercados existentes nacionales y para equipar resultados de la política de competencia en México con los de los países que son líderes en esta materia.

Una muestra de ello es que en algunos sectores de la economía mexicana se encuentra sustancialmente más concentrados que los similares que tiene, de su principal socio comercial, que es los Estados Unidos.

El grado de concentración de los sectores económicos se encontraron desventajas relativas que son muy importantes en el ambiente de la competencia en los sectores como el petrolero, en el eléctrico, el transporte terrestre, en algunas aerolíneas y bancario, entre muchas más.

En México, la insuficiente competencia que se tiene se traduce con altos precios de los insumos estratégicos para las empresas. Así como, los altos precios de los bienes de consumo final, generados por la falta de la competencia, afectan el bien de la sociedad (población) en diversas magnitudes.

La falta de la competencia en siete mercados de bienes de consumo generalizado, como lo es, la tortilla, la carne procesada, el pollo y el huevo, así como la leche, el refresco, ya sea enlatado, en botella de plástico o vidrio, jugo y agua; también la cerveza y los medicamentos, reduce más de un 30% el poder adquisitivo de los hogares.

Sin embargo, el efecto antes mencionado daña más a los hogares rurales donde se ubican los ingresos más bajos, con relación a los hogares donde se encuentran mayores ingresos. Lo antes mencionado nos permite inferir o concluir que la aplicación de una política de competencia favorecerá a toda la población, pero beneficiaría en mayor medida a las familias con menos recursos, principalmente a las zonas rurales que es en donde se encuentra más población con pobreza extrema.

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