Mineria En Colombia

La extracción de recursos minerales es una actividad industrial que genera notorios impactos directos e indirectos sobre el medio ambiente, que mediante la aplicación del esquema de la Planeación minera y el uso de las mejores alternativas tecnológicas puede ser considerada como una actividad industrial tendiente hacia la sostenibilidad. Además, solamente bajo esta condición podría considerarse a la minería como una alternativa económicamente viable que beneficie el desarrollo social, y el crecimiento industrial y económico. De esta manera, la industria minera debe, en el campo de la formalidad empresarial, garantizar los mejores resultados en términos de protección de los intereses públicos, dentro de los cuales se incluyen los recursos naturales renovables y no renovables, medio ambiente y sociedad.

La explotación ilícita de recursos minerales, de manera contraria al concepto del respeto sobre los aspectos enunciados, usurpa la propiedad pública sobre los bienes de la Nación, desaprovecha abiertamente los recursos naturales no renovables, afecta de manera sensible fauna, flora, aire, agua y suelo, genera sobrecostos en el uso de recursos imprescindibles para la vida y genera pasivos ambientales, que niegan a los pobladores el racional usufructo de dichos recursos, ocasiona problemas de salubridad pública, seguridad alimentaria, desplazamiento forzoso y muchos otros problemas de orden social, esto sin mencionar otros aspectos de carácter económico, fiscales y de seguridad pública que en el desarrollo del presente estudio van a ser tratados

El problema de la ilegalidad minera representa una preocupación sectorial de primer orden debido a que la minería pasó a convertirse en una actividad de gran importancia en la economía nacional en la medida en que los mercados internacionales, en particular de oro y carbón, se tornaron muy atractivos por demanda y precio. La importancia dada a la minería es tan significativa, que el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 - “Prosperidad para todos” – la identifica como una de las Locomotoras de crecimiento, proyectando para 2014 una producción 72 toneladas/año de oro y 124 Millones de toneladas/año de carbón.

Esta gran exigencia se presenta frente a una gran problemática sectorial administrativa e institucional que mantiene al sector minero en alerta frente a las acciones que el Gobierno Nacional está tomando con el propósito de renovarlo y otorgarle un nuevo esquema funcional y organizacional, en lo fundamental en torno a la creación de la Agencia Nacional de Minería, organización del Viceministerio de minas y la Dirección de formalización, como también la reforma del Código de Minas.

Normatividad relacionada con la Minería Ilegal

Área Identificación Temática Relacionada con Minería e Ilegalidad

Minera

Minera Decreto 2636 de 1994 Legalización minería de hecho 1994

Ley 685 de 2001 Código de Minas. Ley minera aplicable en Colombia a partir de 2001

Decreto 2390 de 2002 Legalización minería de hecho 2001

Decreto 2653 de

2003 Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 685 de 2001. Asignación de Peritos para determinar interferencia entre titular minero y legalización.

Ley 1382 de de 2010 Modificación al Código de Minas Ley 685. Declarada

Inexequible. Vigente hasta mayo 2013

Decreto 2715 de

2010 Legalización minería tradicional 2010

Sentencia C- 366

Corte Constitucional Declara Inexequible la Ley 1382 de 2010

Compilación Propia. CGR.

Fuente: CGR

Políticas Públicas Minero Ambientales

De esta manera la reflexión sobre el tema de política minera en torno a la ilegalidad debe darse en consideración a los postulados anteriores. El desaparecimiento de las diferencias entre tipos de minería en consideración a su tamaño, presentado como un mecanismo para facilitar la administración del servicio minero, no representó en realidad solamente eso, sino también una forma de estimular al gran inversionista minero, pero a su vez significó un gran desestimulo al pequeño minero que no encontró en esta figura un principio de equidad sino todo lo contrario. No se trata, refiriéndose a esta política administrativa de simplificar procesos o requisitos indistintamente, sino de exigir lo que debe ser exigible acorde a las necesidades de la administración y a las posibilidades de quién desarrolla la actividad económica, en este caso del minero.

Similarmente sucede con el desaparecimiento de las diferencias entre nacionales y extranjeros que se refleja en el Artículo 18 del Código de Minas donde se señala igualdad de derechos y obligaciones. En este punto la ley establece solamente la necesidad de constituir una filial domiciliada y un aval bancario que finalmente no son garantías reales al momento de responder ante la justicia nacional. Existe en este contexto, en el entorno de la cultura popular, obviamente el concepto de nacionalismo como un sentimiento de pertenencia a la nación propia, como también el principio de soberanía nacional. Dicho con palabras sencillas, el minero nacional no poseedor de gran capital, no siente reconocida su condición en tanto es sometido a igual trato burocrático que la gran empresa de capitales foráneos, lo cual genera no solo inconformismo sino una subliminal invitación a la ilegalidad.

Sumando adicionalmente la política de incentivos tributarios para la inversión, como son las exenciones de IVA a exportadores, exclusión en la renta presuntiva, excepción de la retención en la fuente, acreditación de exportaciones mineras como productos verdes, sistema de amortización, Plan Vallejo, subsidio a combustibles en zonas de frontera (que operaron hasta el pasado año), como instrumentos que benefician a grandes empresas exportadoras. “El Government take en Colombia es de 22%, pero si a esto le restamos las exenciones tributarias se queda en el 10%...” . Es evidente la mella que se genera en la conciencia tributaria ciudadana, que conlleva evidentemente a facilitar la consideración de la alternativa ilegal.

Bajo las nuevas condiciones, el negocio es totalmente privado y el éxito es del empresario que reúna las mejores fortalezas económicas. Nuevamente surge aquí el razonamiento sobre la equidad, como también la realidad sobre el total liberalismo en el que las ventajas relativas se encuentran del lado de la fuerza del capital. En este contexto es posible afirmar que la política está diseñada para que en el marco de la legalidad subsistan solo los empresarios fuertes. En

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