Minería, medio ambiente y cambio climático: una señal de alarma

Minería, medio ambiente y cambio climático: una señal de alarma

Guillermo Rudas Lleras*

La política de no tener política

La catástrofe que atraviesa el país por las lluvias extremas pone en evidencia la debilidad que tenemos para afrontar el cambio climático. Como en toda situación de esta naturaleza, no se pueden escatimar esfuerzos para atender a millones de personas que lo han perdido todo. Pero igual de importante es hacerlo de tal manera que, además de reparar los daños ya causados, se tomen medidas para contrarrestar los orígenes de la catástrofe y prevenir su repetición en un futuro no lejano.

El cambio climático es un hecho al cual tenemos que adaptarnos. Sus efectos, en buena medida, son la cuenta de cobro que pasa la naturaleza por la acumulación de erráticas decisiones humanas. Y tal vez uno de los aspectos en donde más erráticas han sido estas decisiones, es en la ocupación y el uso del territorio.

En el uso del territorio las reglas del mercado son claramente insuficientes para lograr una asignación eficiente de los recursos, ya que existen múltiples factores que restringen la operación efectiva de estas reglas. La combinación de bienes públicos con bienes de los particulares; la precaria definición jurídica del derecho de propiedad sobre muchos de estos bienes, incluso los de carácter privado; la ausencia de información o las restricciones a su acceso; la acumulación de tierras, no por las fuerzas del mercado sino por la fuerza de las armas en manos de antisociales, son factores que, sumados al paulatino debilitamiento de todo tipo de instituciones sociales, obligan a repensar otro tipo de reglas, muy distintas de las del mercado, para ordenar las decisiones de las personas.

En particular, la ausencia de reglas claras y efectivas, que ordenen la ocupación del territorio y el acceso a los recursos naturales, es un tema de primer orden. La catástrofe actual es apenas una señal de alerta sobre lo que puede pasar en el futuro inmediato en caso de no tomarse decisiones preventivas y limitarse sólo a las reparativas.

Regulación ambiental relegada

La precaria intervención del Estado en el ordenamiento del territorio se pone en evidencia en la inexistencia de criterios claros y transparentes sobre el uso del suelo por parte de las denominadas locomotoras de la prosperidad. Poco se ha hecho (1) para regular de manera efectiva la expansión de la gran agricultura, especialmente de la producción de agro-combustibles; (2) para organizar el crecimiento de las ciudades y la ubicación de las viviendas; (3) para desarrollar la infraestructura de transporte y energía; y, muy especialmente, (4) para racionalizar el uso de los recursos naturales no renovables por la minería.

Todo esto como consecuencia de una decisión explícita, tomada desde las instituciones públicas: minimizar las normas de regulación ambiental y desmontar las nacientes instituciones del Estado encargadas de aplicarlas.

Títulos mineros por millones

Un ejemplo claro de esta tendencia es la forma como ha crecido en los últimos años la titulación de tierras para la minería. Resalta la precaria capacidad técnica y operativa del Estado para regularla, siendo una actividad económica de alto riesgo para el entorno natural, la salud y la vida de las personas.

Como se observa en la gráfica adjunta, durante la primera administración del presidente Uribe, el área titulada para minería prácticamente se duplicó, pasando de 1,1 millones a 1,9 millones de hectáreas. Pero a partir de 2006, la titulación minera se disparó de forma totalmente descontrolada, pues se multiplicó por más de cuatro veces entre ese año y 2009, para sumar 8,4 millones de hectáreas.

Estos procesos de titulación tienen la particularidad de que no toman en cuenta las consideraciones ambientales, toda vez que la legislación no contempla como requisito algún tipo de licencia ambiental, para adelantar labores durante la fase de exploración, es decir, antes de iniciar la explotación propiamente dicha.

Primero los títulos y luego la Ley

Durante el segundo período de Uribe también se dio un crecimiento inusitado de titulaciones en zonas de páramo, una posibilidad que finalmente quedó excluida de la actividad minera, al sancionarse la reforma al Código de Minas, en febrero de 2010. Se trata de áreas que por su gran importancia estratégica y por el papel que tienen como fuentes de agua, son de especial trascendencia para el país.

La base de datos geográficos del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) confrontada con el mapa de páramos elaborado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, muestra que en estas áreas, que representan en total apenas un 1,7 por ciento del territorio del país, se pasó de 70.000 hectáreas tituladas para minería en 2006 a 122.000 en 2009, es decir, un crecimiento de un 74 por ciento.

Ello, sin contar, por falta de información geográfica, las zonas de páramo que puedan estar incluidas dentro de las 3,7 millones de hectáreas tituladas por el gobierno anterior entre el momento de ser aprobado por el Congreso el nuevo Código de Minas (18 de junio de 2009) y la fecha de su sanción de la respectiva Ley por el presidente Uribe (9 de febrero de 2010).

Extraña coincidencia que en un lapso de casi ocho meses, después de aprobada la ley, pero antes de ser sancionada por el mandatario, se hubiera aumentado el área titulada para minería

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