Nuevo codigo procesal penal.

INTRODUCCIÓN

El esquema que postula el nuevo sistema procesal se vislumbra como una solución real al problema de la justicia penal que nuestra sociedad reclama desde hace mucho tiempo. La implementación del sistema acusatorio adversaria como parte de la reforma procesal penal es una vieja aspiración de nuestra comunidad jurídica. Nuestro principal antecedente es el Código Procesal Penal de 1991, que no obstante a las bondades que presentaba dicho cuerpo legal, se frustró su implementación por la coyuntura política que atravesaba el Perú y que afectó todo el sistema democrático de nuestro país.

El Código Procesal Penal de 1991 sirvió para que juristas y magistrados se vayan compenetrando con el debate jurídico respecto a su aplicación en nuestra realidad, delineando las nuevas funciones que les cabría a los operadores del sistema de administración de justicia.

El modelo procesal nos muestra una delimitación bien marcada de los roles que competen al Ministerio Público y al Poder Judicial, dejando de lado la antigua estructura inquisitiva del proceso penal, pues en el nuevo modelo el Juez investigador será ahora un juzgador realmente imparcial que aprecie al acusado y al acusador desde una misma óptica y garantizando la igualdad de armas".

Este esquema importa adquirir nuevos conocimientos, no sólo por medio del estudio doctrinario de las instituciones jurídicas, sino, a través de la experiencia que ha conllevado su implementación en nuestra región, como Argentina, Chile y Colombia con la finalidad de corregir los errores que se pudieran presentar en el tránsito hacia la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio y se convierte en un reto para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público

                                                     MARCO TEORIO

1: ANTECENDENTES

El 28 de julio de 2004, luego de más de seis décadas de vigencia del código de procedimientos penales de 1940 ley n° 9024, fue promulgado el código procesal penal mediante decreto legislativo n° 957, como resultado de varios intentos de reforma de la justicia.

Así, desde julio del año 2006, se puso en vigencia el nuevo código procesal penal en el distrito judicial de huaura, y así en forma progresiva en otros distritos judiciales de la república, vigente en puno desde el 1ro de octubre de 2009.

Este nuevo cuerpo legal se inserta dentro de un proceso de reforma procesal penal en américa latina, ya que casi todos los países de nuestra región cuentan hace ya algunos años con códigos de proceso penal moderno, es el caso de Guatemala, Paraguay, chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, costa rica, honduras, el salvador, ecuador. Esta tendencia en la legislación comparada tiene su razón de ser en la necesidad de que los países de este lado del continente  adecuen su legislación a los estándares mínimos que establecen los tratados internacionales de derechos civiles y políticos.

En si han sido muchas las razones que justifican que nuestro país cuente con un nuevo sistema procesal penal, una de ellas es que la sociedad peruana percibe que la justicia en nuestro país es lenta, ineficaz y que se siguen procesos muy formales, ritualistas, engorrosos, fundamentalmente escritos, que no conllevan a la solución oportuna y justa de sus conflictos, dejando en muchos casos una sensación de impunidad y corrupción que incide negativamente en la imagen institucional del poder judicial, así como de los otros operadores de justicia. Por otro lado, el sistema procesal anterior cuya vigencia sostuvo durante 60 años, tuvo sucesivas modificaciones y fue elaborado pensando en otro tipo de criminalidad existente en el año de 1940, cuando entro en vigencia.

Sin embargo, en la actualidad el avance y desarrollo de la cultura de nuestro país, de la industria y la tecnología, ha motivado un nuevo cambio en las costumbres y la forma de vida de las personas y esto a la vez ha influido  en las organizaciones delincuenciales, dad una criminalidad creciente y compleja tomando hoy en día la denominación de “criminalidad organizada”, que requiere de una nueva normatividad para combatirla.

Razones y otras más que se orientan a la necesidad de adaptar el sistema de justicia penal a los requerimientos de la sociedad actual, con un modelo acorde a los estándares mínimos que establecen los tratados internacionales de derechos humanos como la declaración universal de los derechos humanos, convención americana de los derechos humanos y pacto internacional de los derechos civiles y políticos.

Resumiendo, se destacan las siguientes razones para la vigencia actual del código procesal penal.

• Desde el punto de vista del derecho comparado, la necesidad de adecuar nuestra legislación procesal penal, con otros códigos inmersos en el fenómeno de la globalización, por lo que el nuevo código procesal penal recibe la influencia normativa recogida de los códigos procesales penales de Italia, chile, el código procesal penal de costa rica, en el código procesal penal de Colombia, de la ley de enjuiciamiento criminal española, así como la legislación procesal penal alemana y anglosajona.
• La necesidad de adecuar la legislación nacional a los estándares mininos que establecen los tratados internacionales de derechos humanos.
• Organización de toda la normatividad procesal en un cuerpo único y sistemático, bajo la lógica de un mismo modelo de persecución penal, ya que anteriormente se venía tramitando los procesos penales al amparo de tres códigos procesales: código de procedimientos penales de 1940, código procesal penal de 1991 y nuevo código procesal penal D.L 957.
• Incorporación a nuestro sistema penal del sistema acusatorio, que es un modelo que respeta los principios procesales.

1. Concepto:

El Derecho Procesal es un conjunto de normas que regulan los tres pilares del debido proceso, con la única finalidad de la aplicación de las leyes de fondo, o derecho sustancial.

El Derecho Procesal se ocupa también de la competencia, y la regula; así como la actividad de los jueces. Asimismo, materializa la ley de fondo en la sentencia.

En el Derecho Procesal Penal también existe un conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso concreto.

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