REALIDAD PROBLEMÁTICA:”DERECHO A LA IGUALDAD”

REALIDAD PROBLEMÁTICA:”DERECHO A LA IGUALDAD”

La discriminación constituye una problemática extendida que se encuentra presente en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Tales prácticas deshumanizan a las personas por atacar la dignidad misma del ser humano y son un obstáculo para la integración y cohesión social. De esta manera, los individuos que pertenecen a esos grupos son juzgados no por sus méritos y acciones sino por los prejuicios que la sociedad generaliza al grupo de manera injustificada. En efecto, la discriminación se encuentra vinculada con el prejuicio, actitud arraigada en el ámbito de las convicciones personales que considera a un determinado grupo humano como inferior. Algunos estudiosos afirman que el prejuicio, cultivado tanto en la intimidad de la persona como en la de su grupo inmediato de familia y amigos, genera en el espacio público, diversas formas de restricción de derechos, recursos y acceso a servicios de ciertas personas, alimentando inevitablemente la discriminación. Estos esquemas de intolerancia han contribuido con un proceso de exclusión que ha dado como resultado la percepción de la discriminación como un modo natural de descartar a determinadas personas. Este rechazo se ha reflejado en la construcción de un imaginario social centrado en la exacerbación de la superioridad de determinadas identidades étnicas o raciales, modelos culturales, estéticos y religiosos. Además, ha conducido a la negación u oposición de las personas que son consideradas como diferentes del paradigma vigente. De esta manera, el rechazo o la invisibilidad del otro ha constituido la raíz profunda y verdadera de la discriminación, intensificando las brechas étnicas y sociales que afectan al conjunto de la sociedad. En el caso peruano, la historia de violencia ocurrida durante las décadas de 1980 y 1990 tuvo componentes de discriminación hacia la población campesina e indígena de los departamentos más pobres del país. El uso insultante, denigratorio y deshumanizante de la palabra “indio” o “cholo” estuvo presente en los abusos y arbitrariedades que se cometían contra los campesinos de las comunidades andinas. Estas expresiones se usaban frecuentemente de manera despectiva con la finalidad de disminuir y menospreciar la condición humana de las personas. De esta manera resultaba menos problemático actuar agresiva y violentamente contra aquellos a quienes se consideraba no sólo como diferentes, sino como inferiores. En consecuencia, quienes sufrieron las mayores consecuencias de la violencia fueron los campesinos quechuahablantes, especialmente los pertenecientes a las comunidades rurales pobres y alejadas, ubicadas en los departamentos más deprimidos del país. Otro rasgo que evidencia la discriminación que influyó sobre este período de violencia ha sido la falta de solidaridad con estas víctimas. Para un considerable sector de la opinión pública nacional, las violaciones de derechos que se ejercieron sobre personas de origen indígena, rural y pobre pasaron inadvertidas. Sin embargo, superado el período de violencia, el problema de la discriminación continúa. Se manifiesta de manera cotidiana mediante la exclusión de personas con determinadas características. Las prácticas discriminatorias contra la mujer, los descendientes de pueblos originarios, los homosexuales y lesbianas, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad operan como procesos simultáneos y naturales de separación, en los que “el otro” es considerado como diferente y, al mismo tiempo, desprovisto de relevancia para ser considerado como un sujeto de derecho. Ello origina que sectores mayoritarios de la población sean frecuentemente víctimas de discriminación. En efecto, en el ejercicio cotidiano de la convivencia social, en el desarrollo de las relaciones familiares y personales, en espacios educativos y laborales, así como en los medios de comunicación –mediante la publicidad y los programas cómicos, donde se burlan de personajes de origen andino o afroperuano–, se perpetúan estereotipos y prejuicios contra determinados grupos humanos. La acción silenciosa de la discriminación hace de ella una práctica que se encuentra presente en toda la sociedad y, por eso mismo, resulta más difícil de erradicar. Se expresa a través de un conjunto de conductas que atribuye predicados negativos y forma parte del universo de nuestras creencias más profundas y arraigadas. Un ejemplo de ello se expresa cuando se considera que un alumno indígena no puede ser inteligente y por eso no se le toma en cuenta, o cuando se descarta de manera automática para un puesto de trabajo a una persona con discapacidad por considerar que será una carga para la empresa o institución. Un elemento adicional que contribuye a mantener esta situación es la pobreza. En efecto, la condición económica constituye, en el marco de las diversas manifestaciones de intolerancia actuales, un estigma adicional para los grupos vulnerables de la sociedad que refuerza la exclusión y colabora al mantenimiento de la discriminación. La pobreza se encuentra directamente relacionada con las desigualdades y los procesos de discriminación existentes en la sociedad. Esta situación ha creado condiciones poco favorables para la lucha contra la discriminación, reflejadas, por ejemplo, en la tendencia a minimizar o desconocer los problemas de intolerancia vigentes, lo cual no hace sino mantener dichas prácticas. La discriminación es un fenómeno que contiene diversos componentes y engloba en sí una variedad de sentidos que complican su eliminación de la sociedad. En este sentido, entenderla mejor permitirá enfrentar de manera integral sus consecuencias. Este esfuerzo sería estéril si no se reflejase en una aproximación analítica y jurídica de todos los elementos constitutivos de la discriminación.

REALIDAD PROBLEMÁTICA:”DERECHO A LA VIDA”

La Tasa Bruta de Mortalidad para el año 2012 se estima en 5,32 muertes por mil habitantes. Las regiones que registran tasas superiores al promedio nacional son las de Puno (6,83), Cusco (6,68), Apurímac (6,58), Ayacucho (6,01), Junín (5,98), Ancash (5,91), Amazonas (5,87), Huánuco (5,77), Huancavelica (5,69), Ucayali (5,5), Pasco (5,38) y Arequipa (5,34). Al analizar la tendencia de la mortalidad en el Perú, se observa una disminución de la tasa en el periodo 1995-2005 (de 6,07 a 5,18), a partir del 2006 se observa un ligero ascenso, llegando a 5,32 el año 2012. Este mismo comportamiento se observa en la mayoría de las regiones del país.

En Perú solo se admite el aborto cuando es el único medio para salvar la vida de la mujer o evitar daño grave y permanente en su salud. Sin embargo, Perú cuenta con una de las tasas de aborto inducido mas altas en América Latina. Se estima que en 2003, se llevaron a cabo 410,000 abortos clandestinos y muchos de estos fueron abortos inseguros

Se estima que los abortos inseguros constituyen el 16% de la mortalidad materna .Al menos 30% de los abortos inducidos en Perú conllevan complicaciones, en la última decada, la tasa de aborto inducido se ha incrementado aún cuando la tasa de complicaciones se ha reducido. La tasa de aborto inseguro es especialmente elevada en zonas rurales, donde existe acceso limitado a personal de salud entrenado

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