RELACION EXISTENTE ENTRE EL MODELO POLÍTICO DE CARLOS A. PEREZ Y LAS POLITICAS PUBLICAS

1. Relación existente entre el modelo político de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y la formulación de Políticas públicas.

El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, conocido como el quinquenio 1989-1993 fue uno de los más dramáticos de nuestra historia democrática. Entre los eventos críticos o especiales ocurridos durante ese lapso destacan, en orden cronológico, el anuncio y puesta en marcha de un severo programa de ajuste económico en 1989. El estallido social del 27-28 febrero de 1989. La realización, por primera en el país, de elecciones directas para seleccionar gobernadores y alcaldes en 1989 y 1992 y el cambio en las reglas electorales. Los dos intentos de golpes de Estado de febrero y de noviembre de 1992. El fracasado empeño de promover una reforma general de la Constitución en 1992. La decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de mayo de 1993 de suspender de sus funciones del Presidente Pérez para dar curso a un juicio por peculado y malversación de fondos públicos. La presidencia provisional de Ramón José Velázquez. La ruptura de la dinámica bipartidista y los altos índices de abstención de las elecciones nacionales de diciembre de 1993.

A raíz de la crisis del modelo rentista, se pusieron en marcha procesos de reestructuración del sector público, como la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal y tributaria, la liberación de las tasas de interés, la unificación del mercado cambiario y la desregulación de la política comercial. El Gran Viraje, programa de transformación estructural propuesto por el gobierno del Presidente Pérez, intentó la redefinición de las prioridades, mecanismos y reglas de la acción estatal. Los nuevos lineamientos también afectaron a la industria petrolera, a través de la política de apertura, mediante la cual se procedió a incorporar capitales privados, locales y extranjeros, en diversas fases del negocio petrolero.

El contexto de escasez de recursos genera tensiones y frustraciones, que no son fácilmente canalizables a través de mecanismos, instituciones y reglas originalmente diseñados para tiempos de abundancia. La negociación para poner en marcha estas modificaciones ha sido lenta y conflictiva, y ha estado caracterizada por las marchas y contramarchas. El modelo rentista, tanto en su dimensión estrictamente económica, como en sus consecuencias más difusas en los ámbitos cultural, institucional e ideológico permea a la sociedad venezolana y al proceso de formulación de políticas públicas.

La experiencia democrática se inició en Venezuela en una situación de precariedad institucional y de carencia de prácticas y hábitos pluralistas. De este modo, el liderazgo político, además de resaltar los valores intrínsecos de la democracia, tales como la libertad de expresión o el derecho a elegir las autoridades públicas, se apoyó en el desarrollo de mecanismos utilitarios de integración al régimen político como fórmula para generar apoyos al mismo. Se estableció una correspondencia estrecha entre la democracia política y el desarrollo socioeconómico. Se argumentaba que la democratización de los canales de acceso al gobierno y al Estado, mediante elecciones regulares e imparciales, debía promover la democratización de la política económica y social, y el disfrute general de la riqueza social.

Los abundantes recursos fiscales hacían viable tal relación. La apuesta, tácita o explícitamente formulada, era que en la medida en que el régimen democrático fuese capaz de demostrar su superioridad al generar mayor riqueza social y garantizar mayores niveles de bienestar a la población, el mismo sería preferido frente a las opciones autoritarias, y se podría asegurar la confianza de la población en dicho orden. A su vez, en el mediano y largo plazo, ese vínculo inicialmente basado en consideraciones de carácter utilitario, debería transformarse en un vínculo valorativo, una vez que quedaran demostradas las ventajas del orden democrático.

Estos criterios se tradujeron en la formulación de políticas públicas, en particular de la política social. Se le asignó un papel fundamental al Estado en el diseño y puesta en práctica de la misma. Más que la eficiencia en el uso de los recursos, se enfatizó su capacidad para generar adhesiones; y la política social se adscribió estrechamente a las funciones de incorporación de la población al modelo sociopolítico, y a la legitimación

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