Seguridad privada

Existe una falsa creencia en quienes contratan a una empresa de seguridad privada y a veces en los propios oficiales de seguridad que la conforman, en el hecho que su actividad de vigilancia humana que deriva en el cuido de bienes y de personas, está amparada (sea cual sea la acción que realicen) siempre y cuando se persiga y logre tal objetivo, aunque en el camino puedan pasarse por sobre una serie de derechos de las personas o agentes causantes de riesgos que pongan el peligro la vida o el patrimonio de esas personas.

En verdad, y desde el punto de vista jurídico, cabe destacar, que el único ente que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia esencialmente en cuanto la actividad de represión del delito se refiere, es exclusivamente el Estado en Venezuela a través de sus distintos órganos de seguridad que integran el Poder Público; siendo además, una de tipo excluyente que impide a cualquier otro organismo ejercerla. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un poder que tiene una competencia legal única y que al mismo tiempo impide y es capaz de sancionar a quien pretenda ponerse a su nivel para administrar la violencia en el territorio de la república.

La seguridad privada puede y debe ejercer funciones de prevención y disuasión del delito, en lo que se refiere a la seguridad ciudadana de las personas y delitos contra el patrimonio, pero también actúa como organización preventiva con capacidad de reacción en otro tipo de riesgos: incendios; desastres naturales o provenientes de la mano del hombre; rescate de personas y atención primaria en urgencias médicas, por ejemplo, por lo que deben estar debidamente entrenados de una forma integral. En ningún momento se pretende que la seguridad privada sea un contrapoder a quien sí tiene facultades legales para serlo en lo que al ejercicio monopólico se refiere com antes dijimos, y lo que sí representa las empresas que prestan los servicios de seguridad privada es el “poder de organización” para la cooperación con los propios ciudadanos y con el propio poder del Estado, no sólo para prevenir los delitos, o facilitar su represión (en cuanto al aporte de información para la investigación criminal en esp

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